Ya el nombre de Convenio Económico es falso en cuanto a significación; en un todo (el Estado) y una parte del mismo (Navarra), no se conviene nada. El Estado legisla y Navarra está sometida a dicha legislación, sea básica o general.

Y como los convenios son los hijos del trasfondo histórico-político, necesitamos previamente el historial de las transgresiones del Estado a lo largo de los 500 años y las absorciones de potestades efectuadas a su favor, y por tanto contra Navarra.

1º Se concibió la unión a Castilla bajo las promesas hechas por el duque de Alba a los pueblos de Navarra de respetar sus derechos al par que se fueron rindiendo.

2º La Ley de 1841 (tras la 1ª guerra carlista), supuso la desaparición del reino, estableciendo que Navarra solo pagaría «una cuota total de expresados por única contribución directa, la cantidad de 1.800.000 reales anuales. Se abonarán a su Diputación provincial 300.000 reales de los expresados 1.800.000 por gastos de recaudación y quiebra que quedarán a su cargo» .

3º Este convenio se infringió el año 1876 (tras la 2ª guerra carlista), cuando se subió la cuota que se había declarado total de 1.500.000 a 2 millones de reales.

4º En 1893 se intentó introducir los presupuestos de Navarra en el conjunto de los del Estado (Gamazada). Ante las protestas, el Estado optó por dar potestad superior a leyes básicas o generales sobre las competencias de Navarra, expropiándola de sus facultades (1900-1930): impuestos del timbre, utilidades, Policía y carreteras, facultades monumentales y patrimoniales, educación, aguas, sanidad, minas, seguridad social, cajas de ahorro, derechos reales, el lujo sobre los automóviles, timbre…, dejando a Navarra solo con la formación de sus reglamentos.

5º Un movimiento a nivel de acuerdos municipales entre los años 1918-1920, incluido el de Pamplona, reclamó la anulación de la Ley de 1841, pero fue silenciado (lo mismo que en la Gamazada), poniéndose al frente de las manifestaciones la Diputación y dando seguridades de solución a las peticiones. Nada se cumplió por nuestros gobernantes.

6º Primo de Rivera llevó a las autoridades de Navarra a firmar el convenio económico (el 1º que fue así llamado) de 1927. Las protestas fueron silenciadas con sanciones y cierres de prensa y la cuota se subió a 6 millones de pesetas.

7º En el convenio de 1941 se introdujeron nuevos impuestos del Estado y se calculó la cuota sobre las producciones en Navarra de toda clase de artículos, subiéndose a 21 millones de pesetas, en razón de la reforma tributaria del Estado, que asentaba los monopolios de carburantes, electricidad, tabacalera, servicio eléctrico, alcoholes, azúcar, loterías, etcétera.

8º El siguiente convenio (1969) fue protagonizado por Fraga Iribarne en base al orden legal que se imponía al par de la transformación industrial y la necesidad de igualar los planes. Matesa y su cierre fue el argumento del ministro (como actualmente va a ocurrir con Volkswagen) para la firma del nuevo convenio.

Se introdujo la alta inspección del Estado, la aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas generales del Gobierno y la armonización del sistema en Navarra. La cifra llamada de aportación económica fue cifrada en 398 millones y el cupo fijo se estableció en 230 millones en equivalencia a los impuestos del Tráfico de Empresas, el lujo y los impuestos especiales.

Actualmente, el convenio se renueva cada cinco años y se redacta como un jeroglífico solo entendible por expertos, lo que contradice la sencillez e incluso los convenios de 1927 y 1941. Todos los convenios se han realizado a tenor de las necesidades del Estado, nunca por problemas navarros.

Unas charlas organizadas por UPNA, UN y Parlamento, ofrecidas como debate sobre el autogobierno fiscal y tributario de Navarra, constituyen una falsedad absoluta. Navarra se sujeta a la normativa fiscal y tributaria del Estado en todos los aspectos.

Los partícipes sólo representan a la línea continuista sujeta a las normas políticas del Estado hasta en sus mínimos detalles. Todos ellos (Eugenio Simón Acosta, Alberto Catalán, Fernando de la Hucha, Mª Jesús Valdemoro, Blas los Arcos, Juan Cruz Alli) son afines ideológicos a la formación del convenio con una misma posición y paralelismo político, que elude el debate histórico y los derechos propios.

Ninguno ha hecho un repaso histórico del convenio, su origen, vicisitudes y formas sucesivas de implantación, con sus consecuencias. Sus palabras han sido vacuas y fuera de la realidad. Simón Acosta alude a que los ataques que se reciben son fruto de la ignorancia; Catalán habla de lo que pueden pensar los demás; Juan Cruz Alli considera que lo importante es que sea solidario con el conjunto del Estado; el Gobierno de Navarra aboga por revisar a fondo el convenio para lo que «se están realizando los trabajos previos dentro de casa para abordar esa negociación».

Quien mayor atrevimiento o desvergüenza muestra es el presidente de la Cámara navarra de Comercio, Javier Taberna, que considera fundamental el consenso porque «la comunidad está perdiendo muchísimo dinero con el convenio económico actual…, las empresas que están exportando soportan su IVA y sin embargo no se les devuelve, mientras que Navarra lo tiene que ir devolviendo, y va a déficit a restar». Parece dar por sentada la noticia como elusión de responsabilidades, cuando quienes participaron en el anterior convenio fueron casi los mismos. Si a esto añade Taberna que hay que negociar el convenio «enseñando los dientes», la hipocresía me parece total.

Los navarros de a pie estamos vetados para conocer la situación del embalse de Iesa por orden de la gobernadora de Navarra, ahora delegada del Gobierno; de la forma en que se diluye el IVA de la Volkswagen empaquetado en el convenio anterior. Nada del tren de AV, sobre el que se ha adelantado dinero al Estado sin que sepamos si va a construirse. Nada de la forma en que se ha diluido la Can, ni sus consecuencias en el desarrollo de Navarra. Nada de información a la sociedad navarra.

Mientras se elude limpieza en el lenguaje, el Estado, transgresión tras transgresión, lleva la harina a su molino. Lo que hoy es la España de las autonomías solo es una simple descentralización administrativa, donde la caja económica se rige solamente desde el Gobierno central y se reparte los impuestos recibidos previamente, en el orden que favorece al Estado central o simplemente al partido de turno.

¿Es que no hay navarros que quisieran ver otros modelos de convenios y de relación con España? ¿Es que no han existido responsabilidades ante la situación que se presenta y no estamos faltos de los estudios correspondientes al comportamiento de nuestros gobiernos en sus formas de actuar en nombre de nosotros los afectados?

Una ligera visión como la presentada, muestra la necesidad de conocer ventajas e inconvenientes de los ocurrido en los años 1512, 1841, 1876, 1893, 1918-20, 1924-27, 1941, 1969, y responsables por Navarra en los convenios con la luz de la veracidad.

Pedro Esarte Muniain
Es autor de ‘Navarra frente al Estado’ 1983 y ‘100 años de Gamazada’