¿Qué fuero?

Ante el diluvio de declaraciones de los políticos sobre el fuero en los pasados días, me apresto también a debatir sobre el discutido fuero. El concepto en sí, válido en el siglo XIII y ejercido como derecho de gentes, fue enarbolado por los infanzones, constituidos en juntas por rico hombres, eclesiásticos, labradores y buenas villas.

Que nadie piense que busco una rememoración de la misma distribución social, sino el concepto del procedimiento para realizarla libremente. Para su aplicación hoy, solo hace falta asumir la vía democrática en libertad. De hecho, en el fuero convivían los derechos generales con los particulares de villas y clases sociales; y los públicos con los privados y todos en demanda de un gobierno electo. El derecho que hoy disfrutamos es el de una Constitución monárquica no electa, sostenida y defendida militarmente, y como unidad territorial intocable por encima del derecho a decidir de los pueblos avasallados.

Por tanto, y en base a planteamientos del siglo XXI, la defensa institucional de Navarra como pueblo, y la exigencia democrática y ética a nuestros gobernantes, que ya fueron defendidos en el siglo XIII, es posible y deseable la defensa del derecho público y privado de sus habitantes por encima del misticismo del fuero vaporoso e inmaterial que se cita a día de hoy, como se hacía con la fe del carbonero. Es decir, la existencia de su realidad en derecho ya la defendieron los infanzones.

Fuero de libertad de elección, gobierno y territorio, que ya fue quebrada por una conquista que se llegó a efecto a sangre y fuego, allí donde se les opusieron, y anulando todo derecho anterior que no fuera refrendado por el rey conquistador. No soy solo yo quien lo dice, ya alardearon de ello los conquistadores.

Y así, las legislaciones emanadas de la Constitución de 1512, el Estatuto Real de 1833 y la victoria de las armas liberales en la 1ª guerra carlista fueron el preludio del acotamiento del fuero a la Constitución española (1839) por el decreto de un general. No soy yo quien lo dice, lo dijeron la mayoría absoluta de municipios navarros cuando el año de 1920 pidieron la anulación de dicha ley el año 1920.

Luego siguieron las leyes de 1876; y así se quebró la aportación de Navarra con pago único, imponiendo las quintas, apropiándose de los bienes municipales y aprovechamientos de los montes, y el intento de inclusión de las cuentas de Navarra a los presupuestos del Estado (hoy ya realizado), llevando a la Gamazada (1993). Así lo manifestaron los navarros con más de 120.000 firmas de protesta.

Creo que es momento de reclamar el ejercicio del derecho a decidir y votar por la independencia como pueblo

La limitada victoria de la Gamazada fue rota por el Gobierno del Estado mediante leyes generales. Así, el Estado pasó a ejercer en Navarra la competencia sobre la industria y medios de producción en todos los aspectos (1900-1920), y a partir de ahí, en un intento de calmar la voracidad del Estado (que en la década de los 20 impuso nuevas leyes en Navarra, tan importantes como de educación y sobre los municipios), lo que finalizó con el primer convenio económico (1927), que constituyó una dejación. Lo proclamó con desdén el ministro español Calvo Sotelo ridiculizando a Murillo, su interlocutor navarro: “navarro por naturaleza y por esencia poco jurídico”.

Todos los convenios posteriores han ido in crescendo en competencias del Estado, en perjuicio de las facultades que había venido ejerciendo Navarra conforme la limitaba en competencias y al mismo tiempo en aportaciones económicas. Basta ver todos los convenios que siguieron (1941, 1969…) para darse cuenta de cómo fueron cambiando las potestades del Estado. En 1969, Navarra ya tuvo que apencar con el fracaso de Matesa, que sirvió al engolamiento de Fraga. La falsedad primó totalmente. El mérito de esta nueva dejación fue de la Diputación, que acordó expresar su agradecimiento al caudillo y al ministro de Información y Turismo Fraga Iribarne.

Lo demás, hasta el presente, es el resultado de que nuestros gobernantes ni creen ni laboran. De una cuota fija al Estado (1841) hemos pasado a pagar (por solidaridad se dice) toda clase de chanchullos y desvergüenzas de comunidades y políticos, incluida la nuestra. ¿Quién no recuerda cuando en Navarra se presumía de tener las carreteras mejores de todo el Estado? De ahí a perder la competencia y calidad de las carreteras, y tener que pedir ayudas al Estado, solo han transcurrido unas decenas de años.

Deducciones parecidas pueden establecerse en cuanto a la desaparición de la Can. En la década de los 90, en Elizondo había alrededor de 9 bancos. La salud de las cajas de Pamplona y de Navarra podía medirse por el número de libretas de vecinos que, sumadas, sobrepasaban el 80% de vecinos. El cálculo lo hago en razón a los clientes que ordenaron asentar el pago del consumo de agua, tal como lo vi siendo presidente de la asociación que la distribuye. Hace falta esforzarse para hundir dichas cajas después de unidas, dada la ventaja clientelar que tenían con los otros bancos, y supongo paralelo beneficio.

No conozco las bases del tema sobre el IVA de Wolkswagen, embarullado con el convenio de Navarra, pero huele a nueva trifulca y dejación, en una operación que huele más a forramiento que a foramiento. Y nadie sale a explicar cómo se concibió el último convenio, que dio lugar y margen a semejante aberración. Imposible de comprender igualmente que Navarra, estando entre las comunidades más entrampadas, se empeñe en adelantar pagos al Estado en obras de un futuro ferrocarril, cuando las dudas, no solo se forjan en la forma que ha de funcionar, sino incluso sobre su construcción.

La responsabilidad en las obras públicas (que juzgo falta de vigilancia en las garantías) nos lleva también a malpensar en nuestros gobernantes. Pero si lo que ocurre actualmente en Belate, ocurriera en Yesa, ¿dónde y de quién la responsabilidad? ¿Y por qué sobre Yesa se decide en Aragón? Y, entre tanto, la operatividad de Navarra en grandes obras se ve tanto más limitada en decisiones y capacidad económica de atenderlas por haber perdido la capacidad de recaudación a manos del Estado.

La corrupción de los gobernantes navarros delinquiendo con una Constitución postfranquista que lo permite se muestra inherente al sistema. La cerrazón de los políticos en la defensa del sistema resulta consecuencia de responsabilidades no rendidas. Todo lleva a deducir que Navarra nada debe al Estado que la ha arruinado, y que en ningún momento va a devolverle lo extorsionado, ni va dejar de clamar por la solidaridad con sus chapuzas, como si fueran razones sociales. Y como desde España no nos dan nada (y nos quitan las potestades económica, social y jurídica), creo que es el momento de reclamar el ejercicio del derecho a decidir, y, cómo no, votar por la independencia como pueblo.

Y resulta irónico que la defensa hecha por los infanzones del derecho propio de decisión en el siglo XIII (invalidado en el siglo XXI) diera una cátedra en la Real Academia de la Historia española a José Mª Lacarra el año 1972. ¡Es hora de pedirlo!

*Pedro Esarte Muniain, Autor de ‘Navarra frente al Estado’ (1983), ‘Las relaciones de Navarra con el Estado en la época de Primo de Rivera’ (P. Viana 1985) y ‘100 años de Gamazada’ (1993)