Formaron parte de aquella Diputación las organizaciones políticas y sindicales de izquierda englobadas en el Frente Popular Navarro (en adelante FPN). Estaba encabezada por un presidente, el abogado Jesús Monzón, y contaba con el maestro Vicente Navarro como vicepresidente y representante del partido Izquierda Republicana. El resto de los diputados fueron el médico Constantino Salinas (Partido Socialista), el administrativo Juan Arrastia (U.G.T.), el músico y militar Antonio Buj (Unión Republicana) y el obrero José San Miguel (Juventudes Socialistas Unificadas). Faltaba un representante por asignar de la C.N.T., y llama la atención la ausencia de representantes del PNV (que no formaba parte del FPN), según información recogida por Euzkadi roja, órgano del Partido Comunista de Euskadi, el 18 de noviembre de 1936. El diario nacionalista vasco Euzkadi, por su parte, titulaba: “Nabarra y sus libertades” con la misma información; y Diario de Navarra, un mes más tarde, se despachaba con el titular: “La parodia de la Diputación”. En otro plano, encontramos declaraciones en la misma línea, realizadas esta vez en Barcelona y un par de meses antes, por el presidente del Centro Navarro, que, con motivo de un mitin-festival deportivo y posterior partido de fútbol entre las Juventudes del POUM y Osasuna (equipo del Centro Navarro de Barcelona), señalaba: “Estamos con la clase trabajadora y luchamos por una Navarra libre y limpia de escorpiones fascistas que tienen a los obreros bajo el yugo de una moral hipócrita y falsa” (La Batalla, agosto de 1936).

Es a partir de la aprobación del Estatuto Vasco por parte de las Cortes en Madrid, el 1 de octubre de 1936, cuando los partidos y sindicatos de izquierdas deciden reunir primero el FPN. Navarra había sido tomada por la fuerza del ejército, junto a las milicias carlistas y falangistas, arrojando un número, al final de la guerra, de 3.500 personas fallecidas violentamente por su pertenencia al FP. Entre quienes lograron huir de la represión, hubo muchas personas que ingresaron en la administración del Gobierno y en el Ejército Republicano Vasco. La presencia de navarros fue destacada, sumando varios cientos entre milicianos, gudaris, dirigentes políticos y militares.

Los representantes del FPN, reunidos en Bilbao, analizaron la situación política en la que quedaba Navarra y acogieron con entusiasmo tanto la aprobación del Estatuto Vasco, solicitando a continuación la adhesión al mismo, como la designación del lehendakari Aguirre, elegido el día 7 de octubre por los ayuntamientos. Así viene recogido en una nota informativa que firmaron el 20 de noviembre los integrantes del comité: Antonio Buj (Unión Republicana), Vicente Navarro (Izquierda Republicana), Salvador Goñi (Partido Socialista), José San Miguel (Juventudes Socialistas Unificadas) y Jesús Monzón (Partido Comunista). Con este objetivo, el sábado anterior, 14 de noviembre, Monzón se dirigió al Hotel Carlton de Bilbao, sede de la presidencia y defensa del Gobierno Vasco, para entrevistarse con Aguirre, a su vez jefe del Ejército Republicano Vasco, que, según las citadas fuentes, le informó sobre lo acordado.

Sobre esta Diputación Navarra poco más conocemos; solo que teniendo en cuenta la ocupación de Bilbao por los fascistas el 19 de junio de 1937 y la dispersión de sus miembros integrantes, que corrieron distinta suerte, su continuidad, al parecer, resultó inviable.

El golpe de Estado y la Diputación

El rumbo golpista adoptado por la Diputación Navarra “oficial”, que aprobó el 21 de julio de 1936 sumarse al “movimiento nacional de liberación” y a la sublevación militar contra la República, legal y democráticamente constituida, destinó la cantidad de 2 millones de pesetas dirigido a la comandancia militar (Emilio Mola) como anticipo para gastos de guerra; al finalizar la misma, el gasto ascendió a 17 millones. La huelga general de los días 20 y 21 de julio en Pamplona —poco conocida— no fue un freno para los sublevados, que apenas se encontraron con débiles conatos de resistencia. Al tiempo que se aplacaban estos, se iniciaron sucesivas persecuciones, detenciones, encarcelamientos y asesinatos de personas acusadas de izquierdistas y separatistas, convirtiéndose en una verdadera masacre en toda Navarra, con mayor intensidad en la Ribera, de los considerados contrarios al “Glorioso Movimiento”. Mientras, partidas militares, milicias de carlistas y falangistas, salían de Pamplona en dirección a Guipúzcoa, Álava, Madrid y La Rioja para ocupar aquellos territorios que no se habían sumado a la sublevación.

El golpe tuvo éxito a medias y, de esta manera, se inició la guerra civil. Los organizadores tenían como objetivo frenar y acabar con el lustro progresista y renovador que se había iniciado a partir de la proclamación de la Segunda República, defendido hasta el final de la guerra, y todo aquel brío republicano que tuvo como consecuencia el aumento del empuje a favor de una Estatuto de Autonomía Vasco-Navarro. De este modo, de manera transversal y consensuada inicialmente aunque finalmente terminaría con un bloqueo  por parte de sus actores, Navarra apoyó en agosto de 1931 un estatuto común para las cuatro provincias. Así lo quiso el 90 % de su población. En la Biblioteca General de Navarra se conserva un ejemplar del estatuto impreso por Ramón Bengaray.

Este consenso del que hablamos entró en una dinámica compleja que le impidió llegar a concretarse. Dos fueron los intentos de procesos constituyentes: el proyecto de Estatuto de Estella (alcaldes nacionalistas y carlistas) y el de las Gestoras (las izquierdas). Ninguno de los dos llegó a fructificar. El primero fue rechazado por el Gobierno debido a los conflictos de competencias entre administraciones y el segundo, por los diferentes planteamientos ideológicos entre nacionalistas y carlistas, por un lado, y socialistas y republicanos, por otro (entre ellos hubo también diferencias). La relación de la Iglesia con un Estado que se declaraba laico constituía uno de los temas de desencuentro; otro, la conjugación del Estatuto con los fueros o el “separatismo” de determinadas organizaciones. Finalmente, en una asamblea celebrada en Pamplona el 19 de junio de 1932, en la que jugó un papel destacado el ingeniero y diputado republicano Emilio Azarola (terminaría por asumir el golpe de estado de 1936), en contra del estatuto —y que derivó en denuncias por irregularidades en el proceso de decisión de cada municipio— el resultado final no alcanzó el mínimo (⅔) exigido para su aprobación, por lo que no prosperó. El tercer intento fue una iniciativa transversal, “Acción autonomista”, que, con la llegada del bienio reaccionario de Lerroux (1933-1935), quedó bloqueada. No fue hasta cuatro años después, a partir del triunfo electoral y la llegada al poder del Frente Popular en febrero de 1936, y la derrota de las izquierdas en Navarra, cuando…

Monzón y el asalto al Palacio

La tensa y crispada situación política tras el triunfo del Frente Popular y su llegada al Gobierno intensificó los movimientos políticos, tomando la iniciativa nuevos agentes. De este modo, el 6 de marzo de 1936, a las tres de la tarde, un grupo de alrededor de treinta jóvenes pertenecientes al FPN, liderados por el comunista Jesús Monzón, protagonizaron lo que la prensa denominó asalto y, en realidad, vino a ser una ocupación simbólica del Palacio de la Diputación. El objetivo era denunciar y apartar a la Gestora, ilegal desde las elecciones de febrero, del mismo modo que ayuntamientos y gestoras habían sido destituidas en otras provincias. En el caso navarro, la Gestora había sido elegida en 1935 por ayuntamientos de mayoría derechista de los que habían sido excluidos los representantes de izquierdas, acusados de haber participado en el movimiento revolucionario de octubre de 1934. Treinta ayuntamientos y hasta 321 cargos públicos de izquierdas fueron desmantelados y destituidos, brindando así el triunfo de las derechas. Los ocupantes del Palacio y el FPN tenían entre sus objetivos facilitar la reforma agraria y la resolución del problema de la tierra, uno de los puntos principales del programa de Gobierno republicano y que, en Navarra, se concretaría en rescatar las corralizas y los terrenos comunales para entregarlos a los municipios y estos, a su vez, a los trabajadores del campo. Para lograr esto, era vital que la gestora fuera renovada.

Durante la ocupación de la Diputación, sus protagonistas cruzaron varias llamadas telefónicas con el exterior (Gobierno Civil, Gestora…), arrancaron páginas del libro de actas a partir de la fecha del 21 de febrero, salieron al balcón, recibiendo el apoyo de los manifestantes allí reunidos, y el conserje izó las banderas navarra y republicana. A continuación bajaron a la calle, se unieron con el gentío que les apoyaba y se dirigieron a la sede del FPN/Izquierda Republicana, situada en la Plaza de la República (Plaza del Castillo), n.º 37. Poco después, a las siete y media de la tarde, una manifestación pacífica salió de la plaza hasta el Gobierno Civil, donde el comunista Tomás Ariz y el republicano Ramón Bengaray, líderes ambos del FPN, llamaron a la gente a disolverse ante la negativa del gobernador, Menor Poblador, a reunirse con una comisión.

Aquella tarde-noche, algunos manifestantes incontrolados se dirigieron entre protestas a los locales del Diario de Navarra, en la Calle Zapatería. El FPN acusaba al periódico por su papel clave e interesado en desestabilizar la situación política y su defensa a ultranza de la Gestora. Una vez allí, los concentrados fueron repelidos por disparos de armas de fuego realizados por la Guardia Civil y desde algunas ventanas. Como consecuencia de las descargas fallecieron un niño y una mujer que se encontraban en la zona. El único detenido de aquella jornada fue Jesús Monzón.

Navarra y el Estatuto vasco

La derecha en Navarra, en su afán de atacar al gobierno republicano y a las fuerzas políticas que lo sostenían, cortocircuitó cualquier iniciativa en sentido autonomista. Un mes antes del inicio de la guerra, el 15 de junio de 1936, el Comité del FPN dirigió una carta muy elocuente a la Comisión de Estatutos y al Gobierno que decía: “procuren facilitar la entrada de Navarra en el Estatuto Vasco, proporcionando una mayor comunidad de fuerzas de izquierda y de afanes de democratización social entre las cuatro provincias y secundando así las altas finalidades de estructuración espiritual y social de España que persigue la Constitución”, firmada por su presidente y representante de Izquierda Republicana, Ramón Bengaray, y otros siete delegados de las organizaciones que componían el FPN: Félix Beré (Unión Republicana), J. C. Basterra (Acción Nacionalista Vasca), Juan Arrastia (Partido Socialista), Mariano Lucio (Partido Comunista), José Antonio Velasco (Juventudes de IR), Clemente Ruiz (J. Comunistas) y José San Miguel (J. Socialistas). Por esas fechas, un comisario, Jesús Monzón, viajó a Madrid y obtuvo de ministro de la Gobernación Amós Salvador, la promesa de que la Gestora navarra sería destituida; Monzón, por su parte, informó a los miembros del Gobierno de los preparativos golpistas del requeté carlista en Navarra.

Apenas dos meses más tarde, en plena guerra y sin frente en Navarra, dos de los firmantes de la carta serían asesinados: Ramón Bengaray el 23 de agosto y Jose Antonio Velasco en una fecha aún sin determinar. Juan Arrastia, otro de los firmantes, sería fusilado por los fascistas en Santander el 28 de septiembre de 1937, tras la caída de esta ciudad. Se da la circunstancia de que este huyó de Pamplona en compañía de Monzón y con la ayuda del mismo confidente, asesinado tiempo después. En cuanto al resto de firmantes, algunos conseguirían escapar para pasar el resto de sus vidas exiliados fuera de Navarra. Es el caso del socialista Constantino Salinas, que ya había sido presidente de la Diputación Foral en 1931 y 1933; después sustituyó a Monzón en la presidencia de la “otra” en fechas anteriores a la caída de Bilbao (junio de 1937). Salinas lograría huir desde Santander a Francia en un pequeño bote junto a ocho compañeros; dos de ellos murieron por los disparos de un avión franquista.

En los estertores de la guerra, en marzo de 1939, se proclama presidente de la Diputación “oficial” al banquero de profesión, José Martínez Berasáin, miembro del Consejo Asesor de El Pensamiento Navarro y Jefe del Movimiento Nacional en Navarra; por tanto, responsable máximo de la represión política.

Poco meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con un Hitler acorralado y Franco en Madrid, con un país sufriendo hambrunas, los comunistas españoles en el exilio en Francia organizaron la operación “Reconquista” invadiendo el Valle de Arán en octubre de 1944. La operación fracasó y su ideólogo, Jesús Monzón, sería detenido y encarcelado, permaneciendo 14 años en prisión.

En ese contexto nacería en 1945 el “Consejo de Navarra” a modo de Diputación en el exilio, presidida por el republicano Javier Domezáin e impulsada por las diferentes fuerzas democráticas en el exilio en México. Desde allí volverían a enviar la solicitud para la incorporación de Navarra al Estatuto Vasco, esta vez dirigida al presidente de la Segunda República Española en el exilio, Diego Martínez Barrio. Dicho “Consejo de Navarra” trasladó su sede a Bayona, siendo su presidente el republicano David Jaime. En pleno franquismo y en la clandestinidad navarra, varios representantes políticos, autodenominados “Infanzones de Obanos”, se coordinaban con este organismo, que continuó funcionando hasta 1953.

Tras la muerte de Franco y sus cuarenta años de dictadura nacional-católica, sumieron España y Navarra en el subdesarrollo económico-tecnológico, social y en la falta de libertades democráticas, quienes se beneficiaron de aquello, en gran medida, protagonizaron los “Pactos de la Moncloa” y diseñaron la Constitución de 1978.  Un Estado descentralizado abrió la puerta a nuevos estatutos de autonomía, varios de ellos refrendados por la ciudadanía en las distintas comunidades. En Navarra, el proceso culminó en 1982 con la creación de la Comunidad Foral, con derechos históricos pero sin referéndum ni consulta.

Osasuna Memoria