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Saca de Tafalla-Monreal, 21 de octubre de 1936

Fernanado Mikelarena

Fernanado Mikelarena


 

El 21 de octubre de 1936 tuvo lugar la conocida como «saca de Tafalla» que culminaría en el fusilamiento masivo de 64 republicanos en Monreal, el mayor de los asesinatos colectivos registrado en Navarra. Dicha saca fue una represalia por la muerte en el frente de Sigüenza el 18 de octubre de Julián Castiella Sánchez, teniente de Requetés y jefe de Requetés en Tafalla desde 1935 por lo menos, de 25 años de edad. Castiella lideraba a los requetés tafalleses en Somosierra, tal y como se desprende de una carta que remitió desde Robregordo el 2 de agosto de 1936 en nombre de aquellos y que firmó junto con otros tres destacados tradicionalistas de la misma localidad que también se estaban allí (entre ellos, Florencio Aoiz Ozcáriz, alias Templau, posteriormente Comendador de la carlofranquista Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz) en la que felicitaban a los miembros del nuevo ayuntamiento nombrado por los golpistas (La Voz de la Merindad de 15 de agosto). Según La Voz de la Merindad de 25 de octubre la noticia de la muerte llegó el mismo domingo en que falleció cayendo «como una bomba».

Testimonios de la época, recogidos por Barandiarán, afirmaron que, tras intentos frustrados de asalto de la cárcel del distrito por parte de manifestantes, la saca contó finalmente con el permiso de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, aunque sin especificar si los asesinos eran del Tercio Móvil de Pamplona o eran requetés tafalleses. Testimonios orales de finales de los años venían a decir lo mismo, si bien uno de ello concretó que los asesinos eran de Tafalla. En el libro Navarra 1936. De la esperanza al terror se asegura que una comisión de vecinos de Tafalla, carlistas en su mayoría, se trasladó a las autoridades para conseguir el permiso para los fusilamientos y que a la madrugada llegó a la cárcel un numeroso grupo de requetés del Tercio Móvil de Pamplona para hacer el traslado. En ese relato se afirmaba que «un teniente mandaba el pelotón de fusilamiento» y que un requeté uniformado, identificado por testigos presenciales como el coadjutor de la parroquia de Murchante, Luis Fernández Magaña, era quien les daba los tiros de gracia.

De forma llamativa, ningún testimonio, hasta que yo lo hice en Sin Piedad, mencionó el hecho de que al frente de la Jefatura de Requetés, localizada en Escolapios, donde había una carcel privativa de los carlistas y se ubicaba dicho Tercio Móvil, la unidad represiva de los tradicionalistas, estaba en aquellos días Jaime del Burgo Torres. Fue designado por parte de Esteban Ezcurra, que era el jefe titular y que se ausentó entonces de Pamplona, como jefe accidental de Requetés de Navarra el 18 de octubre de 1936, cargo en el que habría estado, según se corrobora en la prensa, al menos hasta el 27 del mismo mes «con plena representación de las facultades» de las que disfrutaba aquel. Tampoco ningún testimonio ha hablado de la presencia de Del Burgo en Tafalla o en Monreal a pesar de que era una persona muy conocida en Pamplona y en toda Navarra ni el mismo Del Burgo mencionó que disfrutara tal cargo en su autobiografía.

Por otra parte, hay otros elementos que hacen pensar que el Tercio Móvil no pudo estar en Monreal. Un oficio de 25 de octubre de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra respondía al teniente coronel comisario carlista de San Sebastián, que había pedido diez días antes 200 requetés «aunque fueran del servicio Auxiliar, para prestar funciones en San Sebastián», que no era posible atender a dicha petición «por no poder disponer de ese número de Requetés, dado que el Cuerpo Auxiliar cubre toda clase de funciones en esta ciudad, y haber enviado ya, anteriormente, a San Sebastián un Tercio Móvil encargado de practicar servicios de Policía a las órdenes de la referida Comisaría Carlista». Hay que recordar que por esas fechas se produjo el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en San Sebastián. Sin embargo, curiosamente, como mostré en La (des)memoria de los vencedores, la única persona citada explícitamente en algún testimonio como actuante en Monreal, el sacerdote Luis Fernández Magaña, era precisamente el capellán castrense del Cuartel de Requetés en Escolapios, lo que hace pensar que personal de dicho cuartel estuvo involucrado en los asesinatos. La correspondencia del cardenal Gomá de unos meses después hacía referencia a sus andanzas «en malos tratos y trotes» y a su asistencia a fusilamientos, algo ya mencionado por el escolapio nacionalista Justo de Mocoroa que dijo que iba «de uniforme y armado» y por el hecho de que estuviera presente en el asesinato de Santiago Lucus Aramendía, cura, abogado y capellán castrense de izquierdas, en Undiano el 3 de septiembre. Asimismo, en el expediente de inscripción de fuera de plazo de León Pérez Echarri, vecino de Peralta, uno de los asesinados en Monreal, su viuda solicitó que fuera citado para comparecer como testigo el peraltés Antonio Tapiz Díaz, en cuya ficha de combatiente se manifiesta su pertenencia al Tercio Móvil donde había «desempeñado admirablemente todos los servicios encomendados por sus jefes». Entre sus compañeros en dicha unidad estuvo el barasoaindarra Juan Mañú Flamarique, de 43 años de edad, casado y con cinco hijos, que afirmó que había ingresado en ella el 9 de septiembre en Pamplona «para el fusilamiento de enemigos detenidos».

De cualquier forma, es presumible que los requetés de Tafalla y de la zona también hubieran participado en la masacre, sobre todo porque habrían sido precisos muchísimos voluntarios en las labores de infrestructura de traslado y ejecución de los 64 asesinados y por el grado de radicalización del momento expresado en el intento de asalto de la cárcel. Hay testimonios de la permanencia de requetés en los pueblos en aquellos meses para tareas represivas. Así, en Larraga se contabilizan 18 milicianos requetés de Larraga entre 45 milicianos derechistas totales. Por otra parte, en Falces, según Sanz Suescun, en el listado de 93 victimarios y represores de dicha localidad (elaborado a partir de relaciones de personas que recibieron abonos por labores de vigilancia y a partir de las informaciones suministradas por varias personas), había 31 requetés, 16 falangistas, 1 independiente y los demás carecían de filiación específica.

De cualquier forma, creemos que, por haber sido el suceso represivo de mayor gravedad ocurrido en Navarra durante el proceso de limpieza política registrado en 1936-1937, la saca de Tafalla y los subsiguientes asesinatos de Monreal merecen una atención mucho mayor que la que se les ha prestado ya que siguen siendo algo oscuro sobre el que flotan demasiados interrogantes fruto de una escasa voluntad de esclarecimiento. ¡Todavía domina la omertá y la desmemoria requeté y postrequeté!

Fernando Mikelarena


 

Ficheros y listas para la depuración. De Iruñea a Bilbo, 1936-1938

La brutal limpieza política desatada en Navarra desde el 19 de julio de 1936 acabó con la vida de más de tres mil personas. Según nuestros cálculos, uno de cada seis simpatizantes de la izquierda de género masculino fue asesinado. A los asesinados habría que añadir que varios miles de ciudadanos considerados como desafectos fueron encarcelados desde los primeros momentos y que hubo también muchas otras variedades de castigos, desde las multas a los rapados.

Esa limpieza política tuvo un carácter sistemático y científico y respondía a una estrategia de control, anulación y amedrentamiento generalizado de los adversarios políticos. Las listas de elementos a neutralizar se basaban en los informes policiales y de la Guardia Civil, en las relaciones de detenidos en los episodios conflictivos anteriores y en la documentación incautada en los registros de sedes de partidos y de sindicatos y en los registros en los domicilios particulares.

Los golpistas implantaron en Navarra desde el primer momento una dinámica implacable, asentada sobre la disyuntiva amigo/enemigo, propia de los ejércitos de ocupación. Tal y como recuerda Peter Anderson (¿Amigo o enemigo? Ocupación, colaboración y violencia selectiva en la guerra civil española, Granada, Comares, 2017, pp. 1-13), el proceso de dividir a la población ocupada entre amigos o enemigos fue el principal proceso mediante el cual los golpistas, tanto los militares como sus aliados civiles, tomaron el control de la población y dominaron a la sociedad. Ese proceso «facilitó el castigo o la recompensa de forma meticulosamente calculada», siendo para ello necesario contar con información pormenorizada del pasado de gran parte de la población que solo pudo ser recabada gracias a la crucial colaboración de los vecinos de los sujetos investigados. Por lo tanto, los carlistas y falangistas navarros, a las órdenes de los militares, habrían actuado como ocupantes en relación con los considerados como enemigos dentro de la propia Navarra y habrían desarrollado su labor de eliminación de desafectos a partir de la recogida de cantidades ingentes de información sobre los represaliados para arrasar cualquier resistencia.

La Junta Central de Guerra Carlista, que gestionó la limpieza política por parte carlista, creó un archivo de desafectos. Así lo explicitó el propio José Martínez Berasain, presidente de facto de la mencionada Junta Central, el 29 de mayo de 1937 en un documento en el que recalcaba al gobernador militar que no se había completado todavía la «función depuradora» y ponía «a disposición de los Tribunales competentes todos aquellos informes, debidamente especificados en su archivo, para que mediante esos elementos de juicio se complemente el conocimiento de los casos a los Tribunales mencionados y su actuación pueda ser la más acertada».

Los carlistas ubicaron la Jefatura de Requetés en el colegio de Escolapios. Allí estaban también su policía secreta; el Tercio Móvil o unidad de castigo de cincuenta miembros especializada en sacas, y una cárcel con decenas de celdas. Esta estructura represiva estuvo dirigida por Esteban Ezcurra Arraiza (con rango de capitán) y sus lugartenientes Benito Santesteban Martínez y Vicente Munárriz Sanz de Arellano (tenientes). Jaime del Burgo Torres sustituiría al primero, durante una decena de días, en octubre de 1936, coincidiendo con la saca de Monreal.

A sus órdenes trabajaban tres policías secretas del Requeté: Jaime Larrea Zufía, Ángel Sagardia Carricaburu y Miguel Goñi Aparicio. El primero de ellos, tras la unificación de abril de 1937, dirigió el Servicio de Información e Investigación de la FET de las JONS, siendo el autor y firmante de incontables informes sobre numerosísimos militantes izquierdistas y nacionalistas. Los informes generados por Larrea se cumplimentaron con datos recabados mediante aportaciones de los responsables locales del partido, del clero y de vecinos corrientes. Los responsables de la Sección de Investigación e Información de la Falange, según un artículo publicado en Arriba España el 21 de julio de 1938 por Lucio Arrieta sobre la historia de la Falange en Navarra, eran Ángel Lostao Itúrbide y Francisco Uranga Galdiano. Lostao era procurador de tribunales y falleció en diciembre de 1937. Francisco o Paco Uranga era ingeniero agrónomo desde 1928 por la Universidad de Madrid y profesor en la Escuela de Peritos Agrícolas de Villava. Hijo del terrateniente Miguel Uranga Esnaola, representó a la Federación Católico-Social Navarra en diversas organizaciones agrarias durante la República, siendo entre 1936 y 1943 vicepresidente de la Federación Agro-Social de Navarra. Formaba parte en 1932 del consejo de administración de la empresa editora de Diario de Navarra, figurando como secretario. Fue uno de los primeros falangistas en Navarra, con el carné número 2, participando en las primeras reuniones que, para la constitución de la Falange, se hicieron en la sede de dicho periódico en el verano de 1933, con algunos jonsistas, afincados en Tierra Estella, y colaboradores o personas importantes del organigrama de Diario de Navarra, como el sacerdote Fermín Izurdiaga, Jesús Irujo y Pedro Uranga. En ellas, decidieron impulsar un movimiento de tipo fascista pero genuina y esencialmente católico y español. En noviembre de 1933, constituida oficialmente la Falange, Francisco Uranga participaría en otras reuniones en las mismas oficinas de Diario de Navarra, con el estellés Julio Ruiz de Alda, número dos del partido a nivel estatal, y a las que también asistieron Izurdiaga y Pedro Uranga, y Luis Ortega, persona importante en el staff empresarial y editorial del periódico.

En los primeros meses de 1937 fue secretario provincial de Falange y ocuparía importantes cargos en el franquismo.

La dinámica represiva fundamentada en la confección de listas de los golpistas navarros se extendió posteriormente a Gipuzkoa y a Bizkaia. En una carta enviada por José Moreno Díaz, jefe provincial de la Falange en Navarra, el 18 de agosto de 1936 a Fermín Sanz Orrio, jefe local de la Falange en Tolosa, se ordenaba que tras entrar en San Sebastián los falangistas «no destrocen nada que nos pueda ser útil, y menos ficheros y documentos, puedan luego servir para el desbroce que necesita hacerse en el campo de los que militan en el frente o en la retaguardia de la anti-España».

DOCUMENTOS PARA LA REPRESIÓN

Tras la toma de Bilbao por las fuerzas franquistas se puso en marcha un servicio de recuperación de documentos con fines represivos que actuaría en las zonas que iba ocupando el ejército franquista. Puede pensarse que en su génesis participó Marcelino de Ulíbarri y Eguílaz, uno de los miembros de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, y que asumió desde mayo de 1937 varios puestos en el nuevo estado franquista para la represión de la masonería y el comunismo, dirigiendo desde 1938 la dirección de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. Ulíbarri escribió a Franco, de quien era muy amigo, una carta el 4 de agosto de 1937, mes y medio después de entrar en Bilbao, en la que expresaba la necesidad de asentar sobre bases sólidas el recién estrenado servicio de recuperación de documentos y en las que se marcaban las pautas por las que debía regirse y las relaciones que había de mantener con la Auditoría del Ejército de Ocupación. Asimismo, en una carta dirigida a Serrano Suñer el 24 de enero de 1938 Ulíbarri subrayaba la importancia de hacer requisas de documentos en los domicilios de los simpatizantes de las formaciones y sindicatos opuestos al golpe de Estado. Tras el verano de 1937 se aplicaría la misma mecánica de incautación de documentos en todas las zonas conquistadas, con lo que se completaría el Archivo de Salamanca que para agosto de 1938 contaba ya con un fichero de más de un millón de fichas. En ese archivo, trabajaron muchos navarros de confianza de Ulíbarri: de sus 397 trabajadores hasta 1944, 88 eran de Navarra y el 53,6% de afiliación conocida, carlistas. Varios navarros formarían parte de la media decena de las Brigadas de Recuperación de Documentos en las zonas conquistadas.

La aplicación de los castigos a partir de esa metodología represiva sería llevada a cabo en Bizkaia, entre otros, por Benito Santesteban, un destacado genocida carlista navarro. Tras la toma de la capital vizcaina sería nombrado, a instancias de la autoridad militar y de la Junta de Guerra Carlista de Vizcaya, presidida por don José María Oriol Urquijo, comandante jefe de las Milicias de Segunda Línea de Vizcaya, que tenía a su cargo, entre otros cometidos, la custodia de todas las prisiones de la provincia de Bizkaia, siendo designado al propio tiempo como afecto al Servicio de Orden Público del Gobierno Civil de dicha provincia. El mismo Santesteban confesó a Marino Ayerra su participación en miles de asesinatos en Navarra, en San Sebastián, en Bilbao y en Santander. A un pariente suyo le dijo en Bilbao en el verano de 1937: «Cuando termine esto, habrá que meterse en una pila de agua bendita del Vaticano, pero no habrá agua bendita que me limpie».

Fernando Mikelarena