Hasta hace poco tiempo los dirigentes de dicho partido mantuvieron fuertes reticencias a constituirse como legatarios de las víctimas cuando, junto con su sindicato hermano, la UGT, fueron en Navarra los colectivos que más intensamente sufrieron la limpieza política de 1936-1939. A diferencia de otros grupos que, muy castigados en otras partes, incluso de Euskal Herria, cultivaron una fuerte memoria antifranquista, una y otra formación, a las que pertenecían la mayor parte de los inmolados aquí, prorrogaron durante demasiado tiempo en Navarra, así como en el conjunto de España, la memoria del olvido surgida de la mano de la Ley de Amnistía y fomentada en los años ochenta por mor del pretendido espíritu de reconciliación de la Transición, mostrándose bastante pasivos en relación con la recuperación del recuerdo de los asesinados, tanto entre 1977 y 2000 como en el resurgir de dicho movimiento de los últimos veinte años.
Entre 1983 y 1991, momento óptimo para recabar testimonios directos, la gestión de los gobiernos socialistas en Navarra y en el Estado obvió completamente dicha memoria histórica. Una muestra elocuente de esa actitud es la postura explicitada en diciembre de 1992 en el debate sobre una moción de Izquierda Unida acerca de la eliminación de los símbolos fascistas. El PSN se posicionó tenaz y agresivamente con la derecha navarra en contra de la iniciativa. El portavoz de UPN, Rafael Gurrea, hijo de un número de la Guardia Civil que el 18 de julio de 1936 estaba en el momento y lugar en el que asesinaron al Comandante José Rodríguez-Medel, alabó la Transición española, negó el carácter fascista de la laureada, y calificó la moción de anacrónica y zafia y como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado”. Por su parte, el portavoz del PSN, Aladino Colín, comenzó su intervención centrándose en el anacronismo y en el carácter artificial de la cuestión “cuando no es un debate que se plantee la sociedad ni una preocupación de la sociedad”, abogando por dar protagonismo a “los asuntos relacionados con lo que de verdad importa” y por adoptar “acuerdos de conservación de los símbolos anteriores”. Además, auguró que las sociedades “después de épocas turbulentas”, acaban conviviendo “con su historia de manera pacífica, aceptando la anterior sin ira”.
Catorce años antes, en una resolución del Comité Provincial del PSOE de Navarra de 4 de febrero de 1978, dicho partido aclaraba su actitud de memoria con sordina en relación con las exhumaciones llevadas a cabo entonces. En esa resolución se reconocía el carácter trágico de los asesinatos en Navarra durante la guerra civil española, cuantificados en 5.000, y se subrayó que en su mayoría pertenecían al PSOE y a la UGT. Se señalaba que el PSOE navarro colaboraría con la comisión gestora del “numeroso grupo de independientes” que estaba trabajando en pro de la confección de un listado de los asesinados y de su traslado a los cementerios, comprometiéndose “por recoger esta herencia, por estudiarla y proponerla, de una manera crítica y no sólo apologética, como ejemplo de futuro”, pero oponiéndose “a comerciar políticamente con la sangre de estos muertos, a hacer propaganda de cualquier tipo con su muerte”. De esta forma, se rechazaba celebrar “cualquier acto público en torno a este tema” porque “puede no contribuir a afirmar el espíritu de amnistía” al poder ser “mal interpretada por importantes sectores de la población, que verían en nuestro partido una imagen revanchista” y “porque, como ya ha sucedido en ciertos lugares alguna vez, podríamos vernos implicados en maniobras de grupos políticos o ideológicos, que no nos favorecen en absoluto”.
Las preocupaciones del PSOE navarro por la utilización de los asesinados por parte de otras siglas más a la izquierda quedó alterada a partir de la entrada en el siglo XXI cuando dicha formación repetidamente ha sumado sus votos en los diversos foros parlamentarios, de Navarra y de fuera, con otras fuerzas en pro de la memoria histórica de aquéllos. Esa práctica se conjugaba, no obstante, con el apoyo externo a los gobiernos de UPN entre 1996 y 2015, la coalición de gobierno con ese partido de 2011-2012 y el apoyo a ayuntamientos de Na+ en 2019.
La forma de cómo se ha gestionado el debate parlamentario en relación con la reciente Ley de Memoria Democrática demuestra que actualmente el PSOE a nivel general, como asimismo el PSN, han desarrollado una práctica de apropiarse de la memoria histórica de la guerra civil, del franquismo y de la Transición de manera que su perspectiva puede catalogarse de intento de configuración de una memoria tibia, oficial y no compartida por cuanto, auxiliados por Unidas Podemos, han rechazado cualquier intento de transacción con los partidos de izquierda.
De frenar la tramitación, hasta el punto de pensarse que sería un proyecto de ley que no sería aprobado, se pasó a una gestión a toda velocidad. Después de que el PSOE y Unidas Podemos reorientaran el proceso mediante el pacto de varias decenas de enmiendas que fijaban las líneas rojas que no podían cruzarse, en muchos casos con el uso de una retórica con muchas inconcreciones que solo aparentemente recogen aspiraciones de las asociaciones memorialistas y de otros partidos de izquierda, en el paso por el Congreso tuvo lugar una negociación con el resto de los partidos en el que estos solo consiguieron introducir aspectos mínimos de significado a menudo dudoso. Por contra, en su paso por el Senado el PSOE se cerró en banda a cualquier transacción, rechazando varios cientos de enmiendas. De cualquier forma, el contenido definitivo de la ley, suponiendo un avance respecto a la de 2007, no rompe en absoluto con el marco instaurado por la Ley de Amnistía, se cierra en banda en la cuestión del arco temporal a pesar de su aparente apertura hacia unos pocos años más adelante y peca de enormes vaguedades sobre elementos nucleares como el derecho a la verdad, el derecho a la investigación, el acceso a la documentación, los monumentos apologéticos… A ello se añade que sobre otros, como los victimarios o el expolio económico y las reparaciones, el silencio es absoluto.
Ese giro hacia la apropiación de la memoria se ha rematado en Navarra con el intento de que el Parlamento de Navarra aprobara el 20 de octubre una incomprensible moción, finalmente fracasada, de apoyo a la ley, que incluía puntos inciertos, y cuya razón de ser, a tenor del peso que en las intervenciones del PSN y de EH Bildu tuvieron las críticas airadas e inmotivadas a la intervención del senador Koldo Martínez en la cámara alta quince días antes, se situaría entre el afán de acallar cualquier disidencia y conformar una especie de pensamiento único y la incomodidad por evidenciar que, entre el centenar y medio de enmiendas defendidas por aquel, había muchas de ellas ciertamente significativas sobre cuestiones ciertamente proteicas desde un enfoque de memoria integral. Desde luego, el visionado de los vídeos correspondientes es sumamente expresivo.
Si algunos pretendían dar el tema por cerrado, este intento de apropiación interesada y de conformación de una memoria moderada, parcial y oficialista, con muchísimas lagunas, lo sigue dejando abierto. En especial, porque las posibles enseñanzas de cara a futuro a partir de una gestión integral de la memoria, que remarque el daño de la utilización de la violencia para fines políticos, que aborde dimensiones a las que se sigue sin conceder reconocimiento y que recoja los ecos y efectos del franquismo durante las décadas finales del siglo XX, siguen constituyendo un reto pendiente. Y porque la memoria es plural y diversa, espacio de encuentro entre diferentes, algo que casa mal con las actitudes de prepotencia con la izquierda y apocamiento con la derecha a las que la dirección del PSOE y del PSN nos tienen acostumbrados.
Fernanado Mikelarena
