Opinión / Iritzia

Gamazada, ejemplo de movilización social y popular

En mayo de este año se cumplen 120 años de la enorme movilización popular de la ciudadanía de Navarra conocida como Gamazada. Cuando el Gobierno de Madrid pretendió suprimir el régimen fiscal de Navarra, la sociedad navarra reaccionó con una iniciativa amplia y profunda en defensa de su identidad, derechos y fueros: respondió como pueblo ante la corrupción y la imposición del Gobierno de Madrid.

La Gamazada, sin embargo, no es un acontecimiento que haya quedado en el olvido de la historia. La Gamazada fue la respuesta al intento de imposición del Gobierno de Madrid por encima de los deseos de este pueblo y, 120 años después, el principal exponente de la situación que vivimos es la negación y la vulneración de los derechos fundamentales. El máximo ejemplo de la imposición que sufrimos los ciudadanos y ciudadanas navarras del siglo XXI lo encontramos en el Amejoramiento del Fuero, que nunca ha sido aprobado por la sociedad navarra y en el régimen construido a su amparo. Desgraciadamente, los responsables que han impuesto este régimen no son únicamente los que han gobernado en Madrid, ya que en Navarra nos encontramos con una clase política dominante y con poderosas élites que han adquirido inmensos privilegios. Los colaboradores y vasallos que Germán Gamazo no encontró en los representantes de la Diputación de Navarra de la época, los actuales dirigentes estatales del PP y PSOE sí los han encontrado a la hora de aplicar estas leyes antidemocráticas.

El Estado se encuentra en una profunda crisis económica, social, política, institucional… y esto, sin ninguna duda, ha hecho tambalear al régimen de Navarra cuya categoría de razón de estado siempre está presente en la vertebración institucional de España. La corrupción estructural es el indicador más claro que da la medida de la crisis que vive el régimen. De hecho, la sombra de la corrupción siempre ha sido su acompañante desde que se creó: Can, sobresueldos escandalosos, megaproyectos injustificados… Asimismo, mientras unos pocos se enriquecen con el dinero de los contribuyentes, imponen recortes bestiales en derechos sociales, laborales, etcétera, al resto de los ciudadanos y ciudadanas.

Seamos claros, la corrupción y la dependencia de Madrid son las dos caras de una misma moneda. Madrid necesita de una clase política que se someta a sus órdenes para poder negar la soberanía de Navarra. Madrid ha comprado la lealtad de los dirigentes de UPN y PSN. A cambio de aceptar el marco que niega la soberanía de Navarra, Madrid ha otorgado a los españolistas navarros y navarras la capacidad de gestionar el poder autonómico a su antojo. Así, cumplen a pies juntillas su función servil, desarrollando políticas socio económicas dirigidas a generar perjuicio a la ciudadanía navarra.

En nuestra opinión, el problema más importante que vive Navarra viene de la negación de su soberanía. Sin soberanía, no tenemos capacidad para decidir las políticas sociales y económicas que den satisfacción a las necesidades y peticiones de la ciudadanía. Las principales medidas en relación a nuestra economía se deciden en Madrid (Ley de Estabilidad, las principales leyes que regulan el sistema financiero, leyes de relaciones laborales y Seguridad Social…). El mismo Convenio Económico ha sido utilizado por unos y por otros como herramienta para tejemanejes ocultos entre las élites políticas. Para construir un nuevo modelo social y económico, Navarra necesita dotarse de instrumentos para realizar una política económica cuyo objetivo será el reparto justo y equitativo del trabajo y de la riqueza. Y la soberanía no nos caerá del cielo, lo obtendremos y conseguiremos trabajando y luchando. Como la reacción de la ciudadanía de Euskal Herria en 1893, la situación actual también exige una reacción y activación mediante la movilización de todos los sectores de la sociedad navarra.

Frente a estas imposiciones, es hora de tomar el testigo de nuestros antepasados y articular un movimiento popular fuerte y profundo con el fin de alimentar las bases del cambio político y social tan necesario y demandado por la sociedad navarra. En Navarra es necesario un nuevo estatus político que deje de lado este régimen corrupto y posibilitar que nuestro pueblo tenga capacidad para decidir su futuro y de cómo se quiere estructurar y organizar y garantizar los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía.

Para rendir homenaje a los navarros y navarras que hace 120 años lucharon por nuestra nuestros derechos, EH Bildu ha organizado 5 actos en las cabeceras de las 5 merindades de Nafarroa Garaia mañana martes, 28 de mayo. En el camino del cambio político y social, el 30 de mayo tenemos una oportunidad ineludible para empujar en esa dirección con la huelga general convocada por diversos agentes. Por lo tanto, el 28 y 30 de mayo en Navarra tenemos una cita con la huelga general y la movilización.

Merindad de Estella (Koldo Leoz, concejal de Lizarra), Merindad de Olite (Arturo Goldarazena, concejal de Tafalla), Merindad de Pamplona (Garazi Urrestarazu, alcaldesa de Altsasu), Merindad de Sangüesa (Rafa Bargues, concejal de Zangotza), y Merindad de Tutera (César Alba, concejal de Cortes)

La Gamazada como experiencia

Los precedentes

Desde mi experiencia como autor me resulta difícil hoy realizar un artículo sobre la Gamazada sin recoger el escenario de un pasado y un futuro de la fecha de los acontecimientos que en el año 1893 produjeron la masiva respuesta ciudadana de  Navarra, manifestada ese año sobre la Ley de Presupuestos del Estado para el ejercicio económico de los años 1893 y 1894. Aunque lo que en realidad se discutió fue la unidad constitucional.

Si ya hoy se reconoce la fecha de 1512 como una conquista, el recorrido que nos deja hasta la Gamazada reproduce en un contexto en el que el Estado español carece de posibilidad de llevar una administración conjunta de gobierno, por lo que el funcionamiento de las Cortes de Navarra fue una transmisión de las demandas de agravios para su reparación, más atendidas en promesas que en el cumplimiento de éstas.

Ya las Cortes de Cádiz en 1812, obviaron recoger los derechos de Navarra en la Constitución aprobada y aún se celebraron Cortes hasta el año 1829, y el Estatuto Real de 1833 las suprimió de facto, fueron las dos guerras civiles vividas en Navarra, las que apuntillaron sus derechos. Y si ya la primera culminó con el decreto de Espartero en 1839, fijando su entrada en una Constitución general con la promesa de que respetaría los fueros, la segunda los quebró elevando el cupo en 1877, fijado como inamovible en 1841 también por decreto-ley.

Si a esto añadimos que entre medio se subió la cuota del clero y se expoliaron los usos de los montes por sus vecinos con la ley de Montes de Utilidad Pública en 1862, equivaliendo ésta a una privatización de su uso para las necesidades del Estado como bienes de la Corona. Luego se dio el expolio de bienes de los ayuntamientos por medio de la desamortización civil.

De esta forma se recortó hasta las formas de vida de sus habitantes, tanto en los aprovechamientos comunes de los frutos, como en el uso del pastoreo, en el abastecimiento de leña, carbón y demás materiales. Lo mismo se realizó en el ámbito industrial y comercial y una ley de 26 de junio de 1888 ordenaba la recaudación del impuesto sobre la producción del alcohol y bebidas espirituosas y su implantación en Navarra como impuesto del Estado.

Procedimientos sobre los que se actuó legislando y procediendo jurídicamente y que llevó a aceptar una igualación en los códigos civiles con otras regiones según el código civil español de 1889, en una escalada imposible de contrarrestar por una “Diputación provincial” (énfasis hoy desaparecido pero no por ello menos aplicable), que fue el trato que se siguió aplicando ante una desigualdad de prebendas jurídicas, vistas a todas las luces de los hechos.

La rebelión contra los presupuestos del Estado

Germán Gamazo.

Así que cuando se promovió por el ministro Gamazo la unicidad de los presupuestos de Navarra, dentro de los del Estado, el malestar y protesta fue total. Difícil aportar todas las participaciones y el entusiasmo desarrollado, cuando desde todos los municipios se enviaron las firmas de adhesiones de sus vecinos. Más cuando aún después acudieron con banderas y pancartas a las manifestaciones.

Si enumero a los autores de libros y corresponsales que mantuvieron crónicas diarias en los periódicos, siempre olvidaré alguno: Esteban Pérez de Tafalla, que fue quien promovió la protesta desde las firmas con un exhorto emotivo, fue el primero que coloco, no el primero que inició el movimiento. Autores como Francisco Baztán y Goñi, Gervasio Etayo Eraso, Gregorio Sánchez Iribas, Serafín Olave y Díez defendieron en libros y crónicas el derecho que se arrebataba. La demanda de los municipios fue unánime desde los ayuntamientos. Imposible de poner sus nombres en el artículo, pero estuvieron todos.

Desde Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, se unieron en adhesión y hermandad, constatándose en la letra de una jota en contra de Gamazo y la unidad foral vasca. También realizaron actos reivindicativos como el de Gernika (la Sanrocada) los días 16 y 17 de agosto de 1893, con asistencia del orfeón pamplonés y donde se quemó una bandera española. Pero ya el día 20 se prohibió otro similar en Laguardia, donde se produjo un muerto y varios heridos. La asistencia en Castejón de bizkaitarras el 18 de octubre, para recibir a los diputados navarros que venían de Madrid, no fue casual, sino de idoneidad de móviles, ikurriña incluida.

Entre tanto y por otra parte, la defensa en las Cortes de Madrid, fue llevada por los representantes de todos los partidos. Sus representantes fueron Javier Los Arcos, Arturo Campión, Gurrea, y el marqués del Vadillo.

De nada sirvieron los alegatos a las cesiones de derechos de Navarra del diputado a Cortes Los Arcos, sobre prestaciones al reemplazo del ejército (impuesto el año 1877), lo satisfecho a gastos públicos no conceptuados, con cifras y datos (19-V-1893), ni las enmiendas que presentaron el resto de diputados navarros. Tampoco fue atendido Los Arcos, cuando acudió a lo dispuesto en leyes de Cortes, reveló los compromisos sobrepasados a favor de la Hacienda estatal, las aportaciones hechas por encima de las obligaciones escrituradas entre Navarra y el Estado, en perjuicio de la Administración propia de Navarra, etc.

Acumulando datos (solo las intervenciones de Los Arcos y sus apéndices necesitaron un libro de 293 páginas, editado al año siguiente por la Diputación), es todo un tratado de la situación, y éste no era un euzkadiano precisamente. Los Arcos tomando los datos de población del Instituto Geográfico del Estado, recoge cómo Navarra fue la 2ª población en descenso de población, después de Almería, con 9.108 habitantes de menos, de un total de provincias que descendieron de ocho. Las demás ascendieron y el barómetro no falla a la hora de expresar la situación de pobreza vivida. También apuntó el comercio, incluidos los negativos a la población y riqueza pecuaria y vinícola.

Diputación hizo de tapa de puchero hirviendo; encabezó las manifestaciones, calmando la situación en la gran manifestación y silenciando datos y presiones que ocurrieron. Al respecto las tropas estuvieron acuarteladas en Pamplona y en disposición de salir al mando del general Tuero, en obediencia directa ala capitanía general sita en Vitoria (fuera de Navarra desde el año 1868). También se dieron intrigas cortesanas que acabaron con la voluntad de los diputados.

La manifestación del 4 de junio no fue autorizada hasta la víspera y ese día Pamplona fue una ciudad tomada militarmente. Los soldados que acostumbraban a acudir a la procesión del Corpus Cristo no acudieron, lo que revela su acuartelamiento y estado de alerta, y la procesión fue controlada desde puntos estratégicos por tropas en grupos de medio batallón cada uno.

La rebelión de Antero Señorena Arguiñano con media docena de soldados, fue sentida a favor popularmente e incluso, sentenciado y condenado, y cumpliendo prisión en Ceuta, la diputación Navarra hizo un donativo correspondiente a la manutención de las hijas de Antero e intercedió ante el jefe del Estado pidiendo la aplicación de un indulto a su persona. Lo agradecía el interesado desde prisión pidiendo consideración a su situación, debida a “la nobleza de mi delito”.

Finalmente anotar que Gamazo fue destituido, pero más que por razones de error en la intención, por no haber sabido aplicarla. Sólo fue el martillo de herejes, que no supo aplicarlo, pues todos los gobiernos del Estado siguieron a la suya; el sistema continuado fue el de Reales Órdenes y Decretos.

Las leyes generales en cascada forzando el convenio de 1927 y sustitución del de 1841

Así una con uno de éstos a 29 de junio de 1898 se volvía a requerir como “recargo transitorio”, un recargo del 20% como pago directo e indirecto de impuesto sobre los viajeros y el transporte. Y para que no hubiera contrafuero, el marqués de Vadillo en nombre de la Diputación, entregó como dádiva 500.000 pesetas, que quedaron reflejadas un mes más tarde como “contribución especial” por la R. O. de 1º de agosto en aportación para la guerra de Cuba, además de la quiebra de fueros que ya se había admitido de los cupos de soldados para dicha guerra.

Pero el Estado ya ha encontrado la forma de entrar a Navarra por leyes del máximo rango, y así se van imponiendo nuevas capacidades impositivas por parte de la administración del gobierno central. Así se interceptó a su favor de la administración del azúcar (27-III-1900), siguiendo las Órdenes generales dándose en cascada asumiéndose la competencia por el Estado, cuando eran de nueva creación o hasta entonces las había llevado Navarra.

Así se impuso el impuesto del Timbre, el de Utilidades, el de Policía y carreteras, facultades Artísticas, Monumentales y de Patrimonio, Educación, Aguas, Sanidad, Minas, Carburantes, Seguridad social, Cajas, Billetaje de espectáculos públicos, Derechos Reales, Lujo y Automóviles, Usos y Consumos o Tráfico de Empresas, etc.

Todo ello, además, con los correspondientes Reglamentos. Se me dirá que hoy ejerce Navarra la mayor parte de las competencias citadas, pero lo son por delegación, cuando hasta con la ley de 1841 le correspondía ejercerlas por derecho propio.

Las respuestas masivas como los acuerdos municipales de 1918-20, que fueron masivos pidiendo la anulación de la ley de 1841, fueron silenciados y olvidados. Las asambleas tenidas en el año 1931, trampeadas y presentadas como equívocas. El día a día actual, nos muestra una Constitución, que rige a interpretación del gobierno de turno, mediante órdenes generales que sobrepasan las competencias de las CC. AA.

Y en la forma actual, cuando se pretende negociar, dirimir, pactar, convenir, concertar, acordar o cualquier forma de distribuir competencias administrativas y de gobierno, no se ejerce el derecho en igualdad, cuando en el traslado de ellas, solo una parte puede mostrar la ley como argumento, y obliga a al otra parte con el principio de ella prefijado. Es la voluntad de uno puesta por encima de la del otro. Uno puede ceder, pero para el otro no exista opción de retraerse del acuerdo propuesto, sino de aceptarlo con maquillajes. Y eso no es Fuero ni Derecho.
Una conclusión denunciadora

Mi deseo con el presente artículo es demostrar la total claridad con la que yo veo el tema, independientemente de que haya otras opciones. Y mi esfuerzo es para distanciarme de la ocultación de la realidad de los hechos, que se practica desde las versiones de la oficialidad.

Por lo tanto, y teniendo presente que el pasado es causa del presente, y que éste forma el futuro, voy a cerrar este artículo con una visión del presente y riesgo del futuro.

Ya en el año 1983 escribí dando mi opinión sobre el llamado “Amejoramiento”, chapuza que hoy ha saltado a la realidad (como Estatuto emanado de la Constitución, es decir, producto de ella), dejando ala vista los problemas que con la calificada “bicoca”, nos ha proporcionado.

Una crisis que arroja en Navarra en quiebra económica y orgánica. Un paro en la juventud del 50%, que pretende solucionarse aumentando la edad de la jubilación y estimulando más producciones sin que haya necesidades de ellas, con un comercio que no soporta las bajas de consumo. Con un gobierno que ha liquidado la insignia económica más fuerte, además de imagen que era la CAN, primera entidad comercial bancaria en ella.

Navarra tiene cedido al Estado las Bardenas como campo de tiro.

Navarra tiene cedido al Estado las Bardenas como campo de tiro, que el Estado no quiere dejarlo a pesar de su catalogación ecológica y medio-ambiental. En la cuestión de la enseñanza de la lengua vernácula, se decide a tenor de un gobierno desarraigado. En el agrandamiento del pantano de Iesa, deciden desde la confederación hidrográfica sita en Aragón.

El trasfondo de los convenios actuales (generalizados y ocultos) arroja noticias como que el gobierno de Navarra está adelantando el dinero de las obras del Tren de Alta Velocidad sin saber si el gobierno va a realizarlo, y a la espera de que ese dinero le sea revertido a futuro. Otro tanto ocurre con el dinero del IVA de Volkswagen, tema también dentro de los convenios que se practican con el Estado, y que revelan una operación que podemos de calificarla de sucia, y oscura, enmascarada dentro de las maniobras entre gobierno central y quienes debían representar a Navarra.

¿Qué nos queda del derecho defendido en la Gamazada?

Ni siquiera existe un término que, a tenor de las declaraciones producidas, nos aclare a quien competía la inspección de la CAN, si al Estado o a Navarra; si los cargos públicos actuaban en ella como tales o en forma privada; que se carece de ajustes legales que marquen las responsabilidades; que se hallan sin definir de quien son las responsabilidades de su inspección, entre el gobierno de Navarra y el Banco de España; con un limbo legal que sostienen los responsables de ejercerlos y que suponen que CAN no estaba sujeta en unas u otras formas, en virtud del fuero.

Concretamente el ex-consejero de Hacienda, Álvaro Miranda en sus declaraciones afirmó creer que “es claro que el Banco de España estaba conforme con lo que hacía el gobierno de Navarra”. Y el ex presidente Sanz, afirmó también en sus declaraciones que “la función de la inspección del gobierno de Navarra está suplida por el Banco de España y se mantiene en los estatutos por mantener el fuero… era una cláusula de estilo que se ha ido manteniendo de unos a otros, pero que no tiene contenido”.

Es decir, ausencia total del fuero en quienes dicen haberlo defendido.

Desde la Gamazada hemos vivido una constante depreciación de cualquier derecho comunitario bajo el poder constitucional e interpretativo del gobierno central. Actualmente vivimos una vulgar descentralización administrativa, que se demuestra en base a la aplicación de leyes generales que se emiten como de rango superior a estatutos y convenios.

Y pienso que cualquier rememoración de la Gamazada debe conllevar sus precedentes y sus consecuencias como base para el análisis, del enfoque de unas relaciones de igualdad con el Estado español, donde hasta la fecha, los pactos y convenios, siempre han ido in crescendo a favor del Estado.

Y con el permiso de una explanación, si hemos de mirar a poseer una administración propia e independiente que no se pueda torpedear, habremos de partir del historial y consecuencias vividas, para no caer en los mismos errores.

Pedro Esarte Muniain