Opinión / Iritzia

¿Qué fuero?

Ante el diluvio de declaraciones de los políticos sobre el fuero en los pasados días, me apresto también a debatir sobre el discutido fuero. El concepto en sí, válido en el siglo XIII y ejercido como derecho de gentes, fue enarbolado por los infanzones, constituidos en juntas por rico hombres, eclesiásticos, labradores y buenas villas.

Que nadie piense que busco una rememoración de la misma distribución social, sino el concepto del procedimiento para realizarla libremente. Para su aplicación hoy, solo hace falta asumir la vía democrática en libertad. De hecho, en el fuero convivían los derechos generales con los particulares de villas y clases sociales; y los públicos con los privados y todos en demanda de un gobierno electo. El derecho que hoy disfrutamos es el de una Constitución monárquica no electa, sostenida y defendida militarmente, y como unidad territorial intocable por encima del derecho a decidir de los pueblos avasallados.

Por tanto, y en base a planteamientos del siglo XXI, la defensa institucional de Navarra como pueblo, y la exigencia democrática y ética a nuestros gobernantes, que ya fueron defendidos en el siglo XIII, es posible y deseable la defensa del derecho público y privado de sus habitantes por encima del misticismo del fuero vaporoso e inmaterial que se cita a día de hoy, como se hacía con la fe del carbonero. Es decir, la existencia de su realidad en derecho ya la defendieron los infanzones.

Fuero de libertad de elección, gobierno y territorio, que ya fue quebrada por una conquista que se llegó a efecto a sangre y fuego, allí donde se les opusieron, y anulando todo derecho anterior que no fuera refrendado por el rey conquistador. No soy solo yo quien lo dice, ya alardearon de ello los conquistadores.

Y así, las legislaciones emanadas de la Constitución de 1512, el Estatuto Real de 1833 y la victoria de las armas liberales en la 1ª guerra carlista fueron el preludio del acotamiento del fuero a la Constitución española (1839) por el decreto de un general. No soy yo quien lo dice, lo dijeron la mayoría absoluta de municipios navarros cuando el año de 1920 pidieron la anulación de dicha ley el año 1920.

Luego siguieron las leyes de 1876; y así se quebró la aportación de Navarra con pago único, imponiendo las quintas, apropiándose de los bienes municipales y aprovechamientos de los montes, y el intento de inclusión de las cuentas de Navarra a los presupuestos del Estado (hoy ya realizado), llevando a la Gamazada (1993). Así lo manifestaron los navarros con más de 120.000 firmas de protesta.

Creo que es momento de reclamar el ejercicio del derecho a decidir y votar por la independencia como pueblo

La limitada victoria de la Gamazada fue rota por el Gobierno del Estado mediante leyes generales. Así, el Estado pasó a ejercer en Navarra la competencia sobre la industria y medios de producción en todos los aspectos (1900-1920), y a partir de ahí, en un intento de calmar la voracidad del Estado (que en la década de los 20 impuso nuevas leyes en Navarra, tan importantes como de educación y sobre los municipios), lo que finalizó con el primer convenio económico (1927), que constituyó una dejación. Lo proclamó con desdén el ministro español Calvo Sotelo ridiculizando a Murillo, su interlocutor navarro: «navarro por naturaleza y por esencia poco jurídico».

Todos los convenios posteriores han ido in crescendo en competencias del Estado, en perjuicio de las facultades que había venido ejerciendo Navarra conforme la limitaba en competencias y al mismo tiempo en aportaciones económicas. Basta ver todos los convenios que siguieron (1941, 1969…) para darse cuenta de cómo fueron cambiando las potestades del Estado. En 1969, Navarra ya tuvo que apencar con el fracaso de Matesa, que sirvió al engolamiento de Fraga. La falsedad primó totalmente. El mérito de esta nueva dejación fue de la Diputación, que acordó expresar su agradecimiento al caudillo y al ministro de Información y Turismo Fraga Iribarne.

Lo demás, hasta el presente, es el resultado de que nuestros gobernantes ni creen ni laboran. De una cuota fija al Estado (1841) hemos pasado a pagar (por solidaridad se dice) toda clase de chanchullos y desvergüenzas de comunidades y políticos, incluida la nuestra. ¿Quién no recuerda cuando en Navarra se presumía de tener las carreteras mejores de todo el Estado? De ahí a perder la competencia y calidad de las carreteras, y tener que pedir ayudas al Estado, solo han transcurrido unas decenas de años.

Deducciones parecidas pueden establecerse en cuanto a la desaparición de la Can. En la década de los 90, en Elizondo había alrededor de 9 bancos. La salud de las cajas de Pamplona y de Navarra podía medirse por el número de libretas de vecinos que, sumadas, sobrepasaban el 80% de vecinos. El cálculo lo hago en razón a los clientes que ordenaron asentar el pago del consumo de agua, tal como lo vi siendo presidente de la asociación que la distribuye. Hace falta esforzarse para hundir dichas cajas después de unidas, dada la ventaja clientelar que tenían con los otros bancos, y supongo paralelo beneficio.

No conozco las bases del tema sobre el IVA de Wolkswagen, embarullado con el convenio de Navarra, pero huele a nueva trifulca y dejación, en una operación que huele más a forramiento que a foramiento. Y nadie sale a explicar cómo se concibió el último convenio, que dio lugar y margen a semejante aberración. Imposible de comprender igualmente que Navarra, estando entre las comunidades más entrampadas, se empeñe en adelantar pagos al Estado en obras de un futuro ferrocarril, cuando las dudas, no solo se forjan en la forma que ha de funcionar, sino incluso sobre su construcción.

La responsabilidad en las obras públicas (que juzgo falta de vigilancia en las garantías) nos lleva también a malpensar en nuestros gobernantes. Pero si lo que ocurre actualmente en Belate, ocurriera en Yesa, ¿dónde y de quién la responsabilidad? ¿Y por qué sobre Yesa se decide en Aragón? Y, entre tanto, la operatividad de Navarra en grandes obras se ve tanto más limitada en decisiones y capacidad económica de atenderlas por haber perdido la capacidad de recaudación a manos del Estado.

La corrupción de los gobernantes navarros delinquiendo con una Constitución postfranquista que lo permite se muestra inherente al sistema. La cerrazón de los políticos en la defensa del sistema resulta consecuencia de responsabilidades no rendidas. Todo lleva a deducir que Navarra nada debe al Estado que la ha arruinado, y que en ningún momento va a devolverle lo extorsionado, ni va dejar de clamar por la solidaridad con sus chapuzas, como si fueran razones sociales. Y como desde España no nos dan nada (y nos quitan las potestades económica, social y jurídica), creo que es el momento de reclamar el ejercicio del derecho a decidir, y, cómo no, votar por la independencia como pueblo.

Y resulta irónico que la defensa hecha por los infanzones del derecho propio de decisión en el siglo XIII (invalidado en el siglo XXI) diera una cátedra en la Real Academia de la Historia española a José Mª Lacarra el año 1972. ¡Es hora de pedirlo!

*Pedro Esarte Muniain, Autor de ‘Navarra frente al Estado’ (1983), ‘Las relaciones de Navarra con el Estado en la época de Primo de Rivera’ (P. Viana 1985) y ‘100 años de Gamazada’ (1993)

¿Derecho a decidir?

Fue Locke quien definió los requisitos de la libertad, de igual manera para el individuo, que para la colectividad, como la capacidad absoluta de decisión en ambos planos; sin interferencia de instancia extraña a los mismos de parte de otros individuos o, en su caso, de un poder exterior a la misma colectividad. A partir de entonces, la modernidad ha proclamado la libertad individual y colectiva como principio básico en el terreno de lo político. Todos los sistemas ideológicos insisten en la libertad como fundamento de sus planteamientos. Paradójicamente las diversas expresiones al respecto muestran diferencias insalvables y de difícil encaje en el marco de exigencias definidas por Locke.

Lo cierto es que la denominada modernidad ha contemplado una polémica permanente en el terreno ideológico y el conflicto en la praxis política en el momento de concretar la libertad. En la consiguiente conflictividad han tomado parte desde el liberalismo originario, pasando por el autoritarismo fascista, hasta el denominado socialismo en sus diversas variables. Igualmente debe considerarse el enfrentamiento en este terreno entre las potencias imperialistas europeas y los territorios ultramarinos a los que impusieron su soberanía; nada extraño, teniendo en cuenta que el conflicto también aparecía en los denominados territorios metropolitanos, por la imposición de determinadas colectividades de proyectos nacionales rechazados desde las naciones sometidas. Finalmente, las diferentes declaraciones de principios fundamentales proclamadas por la Organización de Naciones Unidas -ONU- han definido de manera diáfana los dos principios citados al principio de este escrito, como punto de partida de cualquier ordenamiento jurídico democrático.

Todos los sistemas ideológicos insisten en la libertad como fundamento de sus planteamientos

El fundamento primero e irrenunciable de un orden jurídico legítimo se sitúa en la libre capacidad de decisión del individuo en cuanto tal, en todo lo que pueda concernirle, con inclusión de su aceptación personal de su integración en la colectividad. A partir de este punto la libertad de decisión corresponde a la colectividad misma. Y ¿cuáles son las condiciones para que exista verdadero derecho a decidir libremente? En un sentido estricto se exige la no interferencia de una voluntad externa -en un caso respecto al individuo y en el otro de un poder foráneo- que pretenda delimitar el marco del ejercicio de esa libertad. La capacidad de decisión es absoluta; esto es la autodeterminación. Considero de suma importancia para el futuro de la colectividad nacional de Navarra la clarificación diáfana de estos puntos. No debemos olvidar que el factor de índole negativa más importante que impide la autodeterminación de nuestra nación navarra lo constituye la sujeción forzosa que sufrimos por la voluntad y real poder de España y Francia de mantener su dominio sobre nuestra nación. Pretender en estas circunstancias que se nos reconozca el derecho a decidir es ilusorio y engañoso, más a la vista de la trayectoria histórica y presente de nuestra relación con esos imperios. La misma expresión del citado planteamiento confunde, cuando parece reclamar la autodeterminación; aunque de hecho persigue convencer al responsable del conflicto -el imperio- de que acepte la bondad de una solución, acorde con un derecho que el mismo imperio desdeña, a pesar de proclamarlo suyo.

No es cuestión de mostrarse razonable, ni tan siquiera frente a aquellos que reclaman unas formalidades que legitimen las apariencias de un procedimiento democrático de decisión. Quienquiera que se declare español en las presentes circunstancias se aprovecha de la violencia ejercida por España en su vigencia plena sobre una voluntad de los soberanistas navarros que se ha manifestado de modo permanente, desde el origen de la agresión española y francesa. No negaremos siempre la honestidad a los partidarios de este camino. No obstante, el status actual se encuentra totalmente condicionado por la violencia de España, proclamada por los mismos textos legales, practicada con altanería por sus instituciones, cuando se afirman por encima de la voluntad colectiva de una nación -Plan Ibarretxe, Estatuto de Cataluña o declaración del mismo Parlamento catalán sobre referéndum soberanista- y que es apoyada por la mayoría social española. Cualquier planteamiento que pase por el reconocimiento de una disposición democrática de los españoles pecará cuando menos de incauto.

El momento presente refleja de manera suficiente lo que se afirma, cuando la misma crisis pone de relieve las insuficiencias y debilidades de España en cuanto Estado y nación. Salvo casos de excepción, que empiezan por tomar conciencia de las limitaciones de España como realidad histórica y proyecto nacional, parece no arriesgado afirmar que una mayoría muy importante de los españoles se encuentra convencida de la perfidia de navarros y catalanes, al negarse unos y otros a aceptar un proyecto de nación -España- corroborado por la historia, con más luces que sombras, porque no mueve otro impulso a los soberanistas que el egoísmo oportunista de una situación considerada como privilegiada, por ser resultado de la contribución solidaria del conjunto de los españoles; solidaridad que se hallan aquellos decididos a quebrar.

Mikel Sorauren