Navarra carecía de fuerza militar alguna al estar ocupada frente a Castilla con soldados de diferentes procedencias. Los navarros alistados profesionalmente a Castilla que participaron fueron Donamaría, Esparza. Con dinero prestado, Rena pagó las deudas debidas a colaboradores y los comprometió a acudir de nuevo con ellos. No eran personajes de prestigio, sino el llamado capitán Martín de Ursua o el señor de Ureta, que formaron cuadrillas con sus allegados o familiares, y que más que hombres de armas fueron acarreadores o vigías y guías de caminos.

Francés de Beaumont, señor de Arazuri, que mandó las tropas enviadas por el gobernador de Gipuzkoa a la toma de la fortaleza de Amaiur en 1513, puso tres años más tarde a su criado Fernando Gil al servicio de la señora de Ablitas como enlace y correo ante los reyes navarros y trasladador de caballos a la Baja Navarra, por lo que posteriormente fue castigado y enviado a servir fuera de Navarra. El conde de Lerín, Luis de Beaumont, que tenía mando sobre Pamplona, lo perdió y hubo de huir perseguido por el capitán Pizarro, lugarteniente del coronel Villalba. Ambos se reivindicaron ante el emperador, en la batalla de Noáin.

Entre tanto, los partidarios del rey navarro en la Ribera vivieron una colaboración con el alzamiento y la liberación del reino. En los días previos al ataque, las comunicaciones entre los conjurados y el rey de Navarra fueron constantes y el trasiego de mensajes entre Ablitas, Cascante, Marcilla y Tudela fue continuo con la Baja Navarra y los alzados que, siguiendo los planes de los partidarios, conocían la fecha del domingo 23 de marzo, festividad de Pascua, como día a realizarse.

El fracaso de la intentona pues se debió a varias causas. El mal tiempo que imposibilitó los movimientos de tropas por la montaña, la habilidad de Rena que se hizo con préstamos, la estrategia del cardenal Cisneros que envió 3.000 hombres que desde Castilla al mando del capitán de artillería Diego de Vera y la veteranía del coronel Villalba, actuaron coordinadamente y con toda celeridad con las tropas instaladas en Navara y otros 1.000 soldados más que mandó el duque de Nájera capitaneadas por el presidente de las Juntas de Álava, Diego Martínez de Álava. Pero la fuerza vital fue la represión interior que se ejerció sobre la población civil que fue total.

La represión ejercida

Frente al ansia popular existente en Navarra y colaboración social prevista de apoyo a la rebelión, los castellanos detuvieron a Martín de Elizondo canónigo, Miguel de Espinal -exfiscal real-, el licenciado Urzainqui, Martín de Eraso, Martín de Jaureguizar, Martín de Zabaldica y Pedro de Tarazona. Se descabezó así a los más destacados personajes en rehenes para el caso de algún revés militar.

Martínez de Álava, que ocupó la merindad de Sangüesa, hizo rehenes a 21 jóvenes sangüesinos que se los llevó consigo al abandonar la zona. Pernoctó en el castillo de Tafalla, donde su alcalde, Hurtado Díez de Mendoza, también había recluido otros 18 jóvenes de Olite con la misma finalidad de rehenes. Sin otro alimento que el pan adquirido con unas tarjas que tenían a la mañana siguiente partieron para Vitoria a pie y con un tiempo lluvioso. Posteriormente, las Cortes de Navarra pidieron unánimemente justicia arguyendo que nunca ningún regnícola navarro fue tratado “en tanta deshonra y mengua del reyno”.

También fueron usados como rehenes, llevados a Vitoria y obligados a presentarse ante la Corte castellana, los vecinos de Olite: León de Ezpeleta -merino de Olite-, Miguel de Murillo -prior de Funes-, Martín de Arguedas -vicario de San Miguel-, el protonotario Martín de Jaureguizar, Pedro de Labetze -secretario-, Miguel de Alli -notario-, Johan y Martín de Huarte, Charles de Barasoáin, Francisco de Guadalajara, Jaime Mallata y Jaime Sendino.

Tras estos hechos, el inquisidor Salazar abrió una investigación en la que acusó de simpatizar a Ladrón de Mauleón, Cristián de Ezpeleta Merino de Sangüesa, Miguel de Jaso señor de Xabier, Martín de Jaureguizar protonotario del reino, Alonso de Peralta marqués de Falces, Carlos de Mauleón, Miguel de Alli, Juan Belaz de Medrano, Martín de Goñi y los abades de Uztarroz, Isaba, Urzainki, Garde y Ronkal. Al igual que en la merindad de Tudela, por confabular con el señor de Eza, Juan de Peralta, Juan de Frías, Martín López, Beltrán de Sarría, Pero Ortiz, la señora de Ablitas, Pascual de San Pedro y Juan de Cabanillas.

La lista de acusados se extendió a los más variados oficios y clases sociales: Pedro Alcalde, Guillén de las Cortes el viejo, García de Birlas y su esposa Inés Caridad, Pedro de Castel Ruiz notario, Martín el Candelero, Bertol del Bayo licenciado, Martín y Pedro Enríquez sobrinos del mariscal, Juan Vicente, Beltranot de Barasoáin, Diego López y Polonio clérigos de Cascante, Pedro Miguel abad, Gonzalo de Mirafuentes, Juan de Peralta, mosén Lope de Eulate vecino de Estella, García Pérez de Bierlas, Juan Redondo, Sancho alcalde de Urtubia, Francisco maestro, Pero Ximénez cristiano nuevo, Pedro Alcalde el menor, Ximeno Cunchillos el mozo, Miguel Martín, Fernando criado de la señora de Ablitas, Juan Ruiz boticario, Bernart pelaire, Garcés bachiller, Miquel López, Juan de Aldea, Martín de Ansa, Fernando Gil y su hermano, etcétera.

A su memoria.

El cupo, según sus teóricos, tiene como finalidad hacer frente al coste de lo que llaman eufemísticamente las competencias no asumidas, o gastos propios del Estado español, cuyo objeto no ha sido transferido. Lo más sorprendente es que el cálculo de la cuantía del cupo no tiene nada que ver con Navarra, así son agrupados bajo el nombre genérico de las competencias no transferidas del Estado, donde se incluye el 70 % de todos los gastos del mismo, como son los intereses y principal de la deuda soberana estatal (que ya asciende a un billón de euros, el equivalente al conjunto del Producto Interior Bruto anual español), rescate bancario, obras de infraestructuras, trenes de alta velocidad, el coste del Ejército y Policía…

Qué repercusión tiene en la economía navarra el hecho de que en la práctica resulta imposible prever anualmente el ajuste de los presupuestos. Ello deriva de la variabilidad resultante del eufemístico cupo o aportación. El cupo depende de esas variables estatales, sin ninguna relación con la realidad de los ingresos de las Haciendas de Navarra. El cupo que entrega Navarra al Estado no es una parte fija de sus ingresos por impuestos, sino que, con independencia de qué cantidad se haya ingresado de los contribuyentes navarros, lo señala después el Estado, aunque Navarra no haya ingresado suficiente. El porcentaje que supone el pago del cupo al Estado español en el conjunto de los ingresos de Navarra ha ido oscilando en los últimos veinte años hasta llegar al 22% del presupuesto de Navarra, lo que quiebra toda seguridad en la necesaria planificación y ejecución presupuestaria.

Mientras, las comunidades autónomas españolas de régimen común -todas menos la Alta Navarra y la marítima-, desde 2008 han contado con la posibilidad de recurrir a medidas extraordinarias legisladas por el Estado español para paliar sus dificultades presupuestarias. Así, el aplazamiento de las devoluciones correspondientes a las liquidaciones del sistema de financiación del régimen común, por cinco años ya prorrogados por otros cinco. Estos aplazamientos no los ha disfrutado Navarra, que no ha visto ampliadas sus disponibilidades financieras como las comunidades autónomas. Tampoco a Navarra se le ha aplicado el plan de pago a proveedores, por el que se pone a disposición de las comunidades autónomas un mecanismo de financiación para saldar sus deudas, ni el fondo de liquidez autonómico, que les da a las autonomías del régimen común una financiación más barata que la de los mercados financieros.

Por otro lado, aunque Navarra tiene una mejor valoración por parte de las agencias de calificación crediticia que las que le dan al Estado español y a sus comunidades autónomas, dichas agencias entienden que por la situación económica de España deben limitar los ratings de la deuda navarra a un máximo de dos escalones por encima del español. Así, por correcta que sea la política económica, fiscal y presupuestaria de Navarra, la calificación de su deuda y el coste de la misma dependerán siempre de las condiciones que se establezcan para España, sobre las cuales Navarra carece de cualquier capacidad de control o influencia.

Aunque el Estado español tiene una deuda estatal o soberana igual al montante de su Producto Interior Bruto, está a cubierto de una amenazante quiebra por ser un Estado con el respaldo de la Unión Europea. En cambio Navarra, Estado europeo -con sus instituciones estatales hasta 1841- conquistado de continuo por los estados español y francés, se está endeudando en el mercado financiero para poder pagar el cupo, tributo colonial, a España. ¿A Navarra quién le compra ahora su deuda pública, como el Banco Europeo lo hace con sus estados miembros? Encima el Estado español no le permite acceder a Navarra a esas ventanillas financieras. Además, Navarra ingresa en la caja única de la tesorería de la Seguridad Social por las cotizaciones sociales mucho más de lo que recibe por pensiones contributivas. Navarra aporta mayor número de personas cotizantes que en pensiones contributivas y prestaciones por desempleo. En resumen, Navarra es contribuyente neto al sistema de la Seguridad Social por encima de la percepción de pensiones y prestaciones por paro. Lo mismo ocurre en la relación cotizantes/pensiones contributivas. Al igual que se mantiene en la relación cotizantes/prestaciones.

Aquí el cuponazo del cupo -que todos los años le toca a Madrid sin ni tan siquiera haber pagado el cupón- supone en la práctica un expolio fiscal efectivo superior al que realiza España con Cataluña. El expolio fiscal surge del convenio/concierto que necesita y constituye una red clientelar de intereses incrustada en el poder autonómico. El fraude fiscal crónico y consentido en el ámbito de determinadas sociedades. Los grupos que monopolizan el poder autonómico en la Navarra oriental y occidental ocultan -por el soborno del fraude- el expolio fiscal que representa el cupo. Navarra padece una trama de corrupción en cuya cúspide se halla el cupo. La ciudadanía navarra paga los impuestos para mantener este sistema depredador.