En los westerns, los cuatreros suelen soltar eso de «la bolsa o la vida». El franquismo invirtió los términos, aplicó un «o la vida o la bolsa». La mecánica de este saqueo en Nafarroa se expone en “Expolio y castigo”, el último libro editado por el Instituto Navarro de la Memoria y que firma César Layana. «La represión económica fue una represión de segunda vuelta. Va contra los que se libraron de la primera oleada de represión, para los que salvaron la vida porque no eran tan relevantes como los que murieron o porque escaparon físicamente de la matanza, cruzando la frontera», explica el autor.

“Expolio y castigo” es un libro enciclopédico, académico, 700 y pico páginas para historiadores. Pero, aun con todo, legible. Y con aportaciones notables para el relato represivo. Layana no se centra en la rapiña que sucedió a la par que las sacas y las violaciones a la sombra de la guerra. El objeto del estudio es el saqueo institucionalizado posterior, a través del Tribunal de Responsabilidades Políticas, de esos –y sobre todo esas– supervivientes.

«La rapiña es muy difícil de medir –detalla Layana–, pero los tribunales sí dejaron documentación que se puede cuantificar». En la investigación, ha aflorado un hecho curioso. En las localidades donde la violencia fue más salvaje en el 36, el expolio económico fue menor. El autor aporta dos posibles explicaciones. La primera, cierta humanidad por parte de sus vecinos fascistas: no se levantaron procedimientos contra viudas, ancianos y huérfanos porque ya habían sufrido bastante. Y la segunda, más cruel, que esos mismos vecinos se hubieran apropiado de las tierras y bienes de los que mataron, por lo que la apertura de un juicio y la imposición de multas destaparía su latrocinio. «Ambas razones no están reñidas, creo que fue un poco la suma de las dos», asegura el historiador.

El nuevo libro describe un sistema de represión económica para los republicanos hipertrofiado de puro grande. Decayó por ingobernable, tras inundar los juzgados con expedientes a jornaleros insolventes. Los castigaba por motivos muy diversos, por casi todo lo que se le ocurría al guardia civil, al cura o al terrateniente de turno. Imponía multas a republicanos poco importantes (a los 3.000 más señalados ya los habían matado, aunque haya también sanciones contra muertos) aplicando la retroactividad. Es decir, una persona podía ser sancionada por militar en UGT o la CNT en tiempos en que esta militancia era legal. Hay multas y sanciones por sucesos que acontecieron durante la dictadura de Primo de Ribera o por las luchas en defensa de los comunales frente a los corraliceros.

«No son mayoría los casos en los que se retrotraen tan atrás, pero esto evidencia que había gente que llevaba esa ‘contabilidad’ y quería pasar a los republicanos factura», afirma el autor de “Expolio y castigo”. En su opinión, esta represión responde a un odio cocido a fuego lento por la labor de los periódicos de derechas, que llevaban vendiendo a los comunistas como al diablo desde la Revolución rusa. «Los muertos que llegan del frente pueden incendiar los ánimos y eso puede explicar una saca en 1936, un estallido violento, pero no el conjunto de la represión. Siguieron hundiéndoles la vida. Había allí algo más profundo».

Esos tribunales lo mismo multaban por hechos de naturaleza política como por asuntos de tipo moral, como un incidente durante una procesión. Layana destaca como un elemento común a los 1.086 procesos que ha estudiado la «exageración» que se hace de los cargos. «Quienes vivieron la represión no se la esperaban. Pensaban que se castigaría a los radicales, a los importantes. Nadie se esperaba que iban a matar aquí a 3.000 personas», comenta Layana.

Mayor venganza que recaudación

El saqueo a los republicanos fue más castigo que forma de recaudar, dado que la mayoría de los castigados no tenían para pagar y, cuando sí que el acusado tenía posibles, no fueron lo suficientemente diligentes para cobrar la multa completa.

El expolio económico se sumó a otras represiones, como la cárcel o los trabajos forzados. Oficialmente, termina en 1945, cuando se dejan de abrir nuevos expedientes y salen en libertad los prisioneros que realizaban trabajos forzados.

Pero el fin real de la represión no coincide con el oficial. La libertad que se dio a los presos en 1945 fue condicional. Había que pasar regularmente a firmar y no podían abandonar el país. Del mismo modo, los expedientes económicos abiertos seguían vivos. Nafarroa fue la administración más pertinaz para cobrar. Uno de los ejemplos más claros fue el de Manuel Irujo, a cuya familia le seguían reclamando dinero hasta 8 años antes de morir el dictador.

¿Y los nombres? ¿Quién persiguió a viudas, rojos y nacionalistas durante décadas para quitarles el dinero? Layana los ha mirado. Jueces y funcionarios grises. Mediocres que medraron dentro de la burocracia antes y después del franquismo. Anónimos impunes. Fascistas de a pie.

Aritz Intxusta en Gara