El 10 de mayo de 1893, Germán Gamazo, ministro de Hacienda del gabinete de notables de Mateo Sagasta, presentó un proyecto de ley de presupuesto. Según el artículo 17 de dicha ley, el gobierno haría “aplicar a la provincia de Navarra los tributos, rentas e impuestos que actualmente se aplican… en las demás provincias”.
El 16 de mayo la Diputación de Navarra convocó a reunión extraordinaria y los diputados acordaron por unanimidad redactar un documento por el que solicitaron a las cortes que, “protegiendo los incuestionables derechos de Navarra”, negasen su aprobación al párrafo primero del artículo 17 del proyecto de ley suscrito por Gamazo que suponía la derogación de las exenciones fiscales que garantizaba la ley de agosto de 1841. Siendo alcalde Alberto Larrondo, el 18 de mayo el ayuntamiento de Iruñea emitió –también por unanimidad– una segunda petición en iguales términos.

En Madrid, los delegados navarros, representados por el diputado conservador Javier Los Arcos, presentaron su posición en representación de la diputación y el pueblo para que el Gobierno retirase el proyecto de ley. Entre el 19 y el 29 de mayo se produjeron sendos debates en torno a la fiscalidad y los derechos históricos de Navarra y, por extensión, de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El día 23, los representantes navarros se reunieron con Gamazo, pero éste no hizo caso a sus consideraciones. El 29 de mayo, Los Arcos mantuvo un largo debate con Venancio González, ministro de gobernación. El contraste de opiniones de los diputados y el gobierno resultó muy interesante. En opinión del ministro González, en un estado centralizado, una provincia no tenía competencias para cambiar una ley acordada con el Estado, pero, en cambio, el gobierno podía solicitar a las cortes la completa abrogación o alteración de cualquier ley. Según González, las cortes podían modificar, variar e incluso derogar la ley de 1841 “porque de lo contrario establecería una excepción en el régimen constitucional”. Los Arcos, sin embargo, defendió que la ley de 1841, llamada “paccionada”, había sido un acuerdo entre Navarra y el Estado, por lo que solo podía alterarse con el consentimiento y acuerdo de ambas partes.

Los Arcos fue más allá y recordó a González que Navarra había gozado plenamente de su independencia hasta 1841: “No teníamos nada en común con la nación española excepto la dinastía, el mismo monarca para Navarra y para España –aseguró–; nosotros teníamos nuestras cortes, todos los organismos de un estado independiente. Teníamos multitud de niños robustos y, de repente, el 16 de agosto de 1841, descubrimos que a todos esos niños se los había llevado la muerte [en referencia a la Primera Guerra Carlista]. En sustitución, nos dice esa ley, una criatura raquítica y miserable, que no nos dejó conservar más que el último resto y el último vestigio de todo lo que hasta entonces habíamos disfrutado. Y rubricó, en referencia a la ley de 1841 que aquella era una “ley maldita en su origen” porque había quitado a Navarra su independencia política, esto es, su legislación, sus instituciones, su territorio, aduanas, carta de naturaleza y fiscalidad propia, incluida la moneda.

La negación del gabinete de notables de detener el trámite de la ley de presupuestos puso en marcha una insurrección que se dilataría entre finales de mayo de 1893 hasta febrero de 1894. Los diputados navarros, por unanimidad, y la totalidad de los ayuntamientos se comprometieron a negarse ante cualquier solución que no fuera el mantenimiento de un régimen fiscal propio para Navarra: “No habrá poder humano que nos haga comprender otra cosa, sino que de obtenerse en él sentencia favorable será por el imperio de la fuerza de la razón, sobre la razón de la fuerza” declaró el ayuntamiento de Zirauki.

En respuesta al llamamiento de la diputación, el 4 de junio se organizó una multitudinaria manifestación en Iruñea a la que acudieron 20.000 personas en un momento en que Navarra contaba con escasos 300.000 habitantes. Allí se decidió publicar el Libro de Honor de los Navarros, que el 28 de junio habían firmado 120.000 personas y se decidió erigir por suscripción pública un monumento a los fueros que por circunstancias históricas no se terminaría hasta 1903 y que hoy se alza en el Paseo Sarasate. En aquella ocasión habló Estanislao Aranzadi, miembro de la Asociación Euskara, desde el balcón del ayuntamiento: “¡Viva Gamazo! porque nos ha unido… Gamazo ha hecho para Navarra, ya que no por Navarra, más que todos los navarros juntos; más, mucho más, que las incesantes predicaciones nacidas del mejor deseo, y más, mucho más, que la repetición y el constante recuerdo de nuestras desgracias; lección en la que los más rudos de entendimiento aprenden lo que nosotros no habíamos llegado a aprender. ¡Viva Gamazo! Que por él ha amanecido para Navarra el día más grande de su historia. ¡Gracias a él en Navarra no hay hoy más que navarros!”