Archivo del año: 2020
La desafortunada nota de la RAE, El Cid y el futuro
El debate de los últimos días en el Congreso y en la sociedad sobre la Ley Orgánica de Educación nos hace evocar el famoso y educadamente cínico poema de Gabriel Aresti a su amigo Meabe, que habría que recordar a los flamígeros portavoces de Vox, Cs y PP: «No es buen español el que no sabe las cuatro lenguas de España». Y, de paso, parece preciso analizar y criticar la desafortunada intervención de la Real Academia Española, RAE, tratando de interferir en ese debate.
La RAE ha publicado un breve comunicado en el cual esgrime en primer lugar dos supuestas legitimaciones para pretender justificar su intromisión; pero en ambas comete los pecados intelectuales del engreimiento y de la falta de respeto. En segundo lugar, la RAE aduce tres referencias pretendidamente culturales; pero en las tres incurre en errores de concepto, en falta de equidad, y, sobre todo, en falta de visión de futuro.
La primera de las pretendidas legitimaciones es que «la preocupación de que el texto legal en discusión ponga en cuestión el uso del español en todo el territorio del Estado€». La segunda es «que el legislador no se desvíe de la protección que el art. 3 de la Constitución dispensa al español€». Pues bien, la RAE no tiene competencias para la defensa de unas posturas frente a otras en temas como una ley de educación. Sobre todo, si no lo hace en nombre de los derechos lingüísticos de las personas, que no menciona el comunicado de la RAE. Además, en su mención constitucional –y ello es especialmente grave– la RAE comete el fraude de omitir en su cita una parte esencial del texto; efectivamente, el texto constitucional, aunque no sea completamente satisfactorio, prevé la cooficialidad de otras lenguas, lo que no es justo obviar. Emulando de nuevo a Aresti a efectos dialécticos, cabría recordar a la RAE que no es ni la única academia del castellano, ni la única Real Academia de la Lengua del Estado.
Las tres referencias aparentemente culturales que contiene el comunicado de la RAE son, por este orden, que «formamos parte de una comunidad cultural de 600 millones€», «Los gobiernos, y especialmente el español, tiene la obligación de garantizar (sic) el conocimiento y libre utilización del español€» y «La importancia que tiene el español para nuestra nación€». La primera referencia es un error de concepto, pues las comunidades culturales en el siglo XXI no son monolingües y las personas que forman las sociedades actuales son y van a ser cada vez más plurilingües. La falta de equidad se pone de manifiesto en la segunda referencia, pues los derechos y las libertades lingüísticas, igual que las religiosas o ideológicas, precisan el reconocimiento, el respeto y la libre opción en la diversidad, y no en la unidad. La tercera referencia, que hace alusión a la importancia del español para una sola nación en singular, es la que completa la imagen del mensaje de la RAE.
El mensaje del comunicado de la RAE, así sustentado, da esplendor al mito de El Cid, en vez de reivindicar soluciones a los derechos y libertades lingüísticas de las personas y al futuro. Aunque, ciertamente, la verdad histórica de El Cid se cimenta en su actuación guerrillera contra el reino vascón de Pamplona-Nájera en la guerra de los Tres Sanchos€ La lengua inglesa, que no tiene, ni ha tenido nunca academia alguna, constituye hoy por hoy el principal quid del castellano; circunstancia de la que tendría que ocuparse la RAE mucho más que de los debates y avatares del proyecto de ley de educación.
Fue el cardenal Richelieu, favorito de Luis XIII, rey de Francia y de Navarra, el que fundó en 1635 la primera academia, en la cual de un modo u otro se han inspirado las demás. La RAE, por cierto, la fundó casi un siglo después Juan Manuel Fernández Pacheco, nacido en Marcilla, por venir su padre a tomar posesión del cargo de virrey de Navarra. En el caso de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, una de las cuatro academias con competencia académica oficial en territorios del reino español, se da la circunstancia de que también tiene miembros, y hasta tuvo un brillante presidente, que son ciudadanos y ciudadanas de la República de Francia.
Europa y el futuro necesitan de las instituciones de rancio abolengo, como son las academias de las lenguas, un agiornamento (palabra que se acabará introduciendo en los diccionarios de la RAE y de Euskaltzaindia). Ni el lema anticuado de Limpia, Fija y da Esplendor responde a los verdaderos desafíos de la lengua castellana, ni tampoco el belicoso lema de Ekin Eta Jarrai se corresponde con las necesidades lingüísticas de los ciudadanos y ciudadanas de Vasconia. Seguramente todas las academias necesitamos una profunda autocrítica y renovación.
Patxi Zabaleta (Académico de Euskaltzaindia)
CEACUA a los grupos parlamentarios: Permitan el acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de Lesa Humanidad del Franquismo y la Transición
Organizaciones memorialistas, de derechos humanos, feministas, sindicalistas, ecologistas y de muchos otros ámbitos, llevamos años de lucha contra las políticas de impunidad mantenidas por el Estado español basadas en el silencio, el olvido y la amnesia en relación con los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición.
Ya sea como víctimas directas o familiares de violaciones de derechos humanos, o como simple ciudadanía, reivindicamos nuestro derecho irrenunciable a la justicia y al esclarecimiento de una verdad que permita hacer justicia, como principios y valores básicos que deben presidir las actuaciones públicas de cualquier Estado Democrático y de Derecho.
Gracias al empuje del movimiento social, hemos logrado avances en cuanto al reconocimiento y el debate político sobre el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la dictadura franquista y la Transición.
Sin embargo, los procedimientos públicos de memoria abordados hasta la fecha han excluido cualquier medida que favorezca que los tribunales españoles investiguen estos crímenes y establezcan una verdad judicial en la cual se esclarezcan las violaciones de derechos humanos cometidas, se juzgue y condene a sus responsables y se repare debidamente a las víctimas.
Las políticas públicas memorialistas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos, han estado orientadas a reconocimientos institucionales muy parciales, tibios, insuficientes y a la implementación de medidas de carácter administrativo y en el ámbito individual, omitiendo deliberadamente cualquier tipo de actuación que pudiera revertir el modelo de impunidad imperante.
El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros, el día 15 de septiembre de 2020, si bien puede suponer un avance importante en algunos aspectos en este ámbito, es evidente que no aborda ni remueve los principales obstáculos que hasta el momento han sido invocados por los poderes del Estado para negar sistemáticamente la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición.
Los tribunales españoles, en las más de 100 resoluciones judiciales en las que han dado respuesta a las 80 querellas criminales presentadas en el Estado español, invocan la Ley de Amnistía como norma que consolida la impunidad y despliega efectos para evitar la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista; niegan que son crímenes contra la humanidad considerándolos delitos aislados que han prescrito; se escudan en las limitaciones de la normativa interna para oponerse a la persecución de crímenes contra la humanidad, no aplicando los tratados internacionales ratificados por el Estado español.
Estos argumentos son absolutamente improcedentes y contrarios al Derecho Internacional de los Derechos Humanos tal y como se le ha venido recordando al Estado español desde diferentes instancias internacionales (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Consejo de Europa, entre otras).
Por todo ello, pedimos a todos los grupos parlamentarios que impulsen y aprueben las incitativas legislativas necesarias para garantizar definitivamente el derecho a la tutela judicial efectiva de todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición, entre otras:
– Modificar, derogar o anular la Ley Amnistía.
– Modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional (contenido entre otros en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
– Impulsar la ratificación del Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad que el Estado español no tiene ratificado.
– Modificar la Ley de Enjuiciamiento criminal para que las resoluciones judiciales firmes de inadmisión a trámite de las querellas presentadas hasta la fecha puedan ser revisadas.
– Modificar la Ley de Tratados internacionales para que haya un mecanismo concreto de reconocimiento y ejecución de los Dictámenes de los órganos de Tratado de las Naciones Unidas.
Para avanzar en una auténtica política de reconciliación donde al sociedad recupere la confianza en el Estado y sus instituciones, en necesario avanza en medidas efectivas que reconozcan, de una vez por todas, el derecho a la Justicia que conlleva la investigación penal de los crímenes, el enjuiciamiento de los responsables de las atrocidades y la reparación integral que merecen sus víctimas.
