Vuelve a la actualidad la cuestión del cupo y los fueros, en relación con el falso axioma asentado sobre Navarra, de que su relación con España se basa en el pacto, cuando la verdad es que esta última sólo ha buscado anular a la primera. Los tratados internacionales, firmados de igual a igual entre Navarra y Castilla hasta 1512, siempre se quebrantaron por la segunda. Fueron las Cortes de Navarra las que intentaron infructuosamente, desde el inicio de la conquista de 1512, establecer una imposible relación pactada entre conquistador y conquistado, que fue reemplazada por un tira y afloja sobre la reparación de agravios, la promulgación de leyes y el pago del donativo, pero a partir de 1841 la ficción del pacto es insostenible, pues ni la ley de las Cortes españolas de 1841, ni las disposiciones adicionales de salvaguarda de la misma en algunas leyes españolas, ni los convenios económicos, son pactos equitativos, como lo demuestra que tarde o temprano todos ellos han sido modificados por la fuerza unilateral del Estado español. El cinismo institucionalizado se ha incrustado en la práctica política de los conquistadores y sus colaboradores, cuando hablan de pacto y régimen foral, como dijo el último presidente Miguel Sanz ante el juzgado, «se trata de cláusulas de estilo». Es decir, no son más que mentiras piadosas para aparentar y hacer creer que ellos pactan en nombre de Navarra. El seudo navarrismo de UPN y PSN es puro cinismo. Se miente a los navarros cuando se pretende hacerles creer que el llamado Régimen Foral nace como un supuesto pacto con España en 1841. Nada más lejos de la realidad. La unidad del pueblo navarro, en la defensa de su interlocución bilateral y de igual a igual con España, quebró como consecuencia de las guerras civiles entre carlistas y liberales navarros, posibilitando la suplantación del sistema jurídico-político navarro en 1841. Lo que no hubiera ocurrido de haber estado unidos, como sucedió en la Gamazada de 1893-1894.

La legitimidad para pactar, según el ordenamiento constitucional navarro, está en las Cortes de Navarra. Las Cortes de Navarra en 1817 exigieron a la monarquía española que los cambios pretendidos por ella se enmarcaran, conciliando los intereses de Navarra y de España, por medio de una ley de carácter contractual, que tuviera en cuenta los perjuicios que resultaban para los navarros de la imposición del traslado de aduanas del Ebro al Pirineo y se repararan los agravios al sistema jurídico navarro. Hay que tener en cuenta que con el citado traslado se defendían los productos españoles de la competencia internacional con aranceles proteccionistas del 35% -frente al 7% navarro que facilitaba el libre cambio- al mismo tiempo que buscaban apoderarse del mercado navarro.

El tercer estado, o popular, de las Cortes de Navarra estaba formado por los alrededor de setenta diputados, dos por cada un de las treinta y cinco localidades con asiento en Cortes, mientras que el estamento eclesiástico solía ocupar cinco escaños y el nobiliario unos treinta. La respuesta de las Cortes de Navarra fue, una vez más, negativa, por entender -como así fue- que dicho traslado de aduanas arruinaría su comercio y acabaría con los fueros. La verdadera importancia de los votos en contra del traslado de las aduanas en las Cortes de 1817-1818, se puede conocer a la luz del reparto del donativo que entregaba Navarra a la Corona española, que se hizo entre las cinco merindades de la Alta Navarra por las Cortes, donde queda claro el peso demográfico y económico de las merindades más ricas y pobladas antes de 1841, que votaron contra el traslado, las merindades de Pamplona y Sangüesa. El traslado de las aduanas al Pirineo hundió la economía de la Montaña navarra.

Por acuerdo de las Cortes de Navarra, de 29 y 31 de diciembre de 1828, fueron designados cuatro comisionados, uno por cada brazo, entre los que figuraba el presidente del brazo popular o de universidades el señor José María Vidarte y el síndico de las Cortes Ángel Sagaseta de Ilurdoz, para que «mirando los Tres Estados la perjudicial trascendencia que esta novedad ha de producir contra los fueros y leyes de este reyno, han resuelto nombrar comisionados de su seno que, pasando inmediatamente á la corte, pongan en la real mano del Rey una representación análoga (…) y lograr que no se lleven a cabo dichas reales resoluciones y se enderece el asunto dirigiéndolo por la senda que demarcan las leyes de Navarra».

A ello el ministro español de Hacienda, Andino, se opuso en 1830, y atribuyó la negativa de las Cortes de Navarra al traslado de las aduanas del Ebro al Pirineo al brazo de las universidades y a una alianza entre los comerciantes de Pamplona y los patriotas de otras localidades: «intriga secreta (…) obra del comercio francés, que sabe aprovecharse de la adhesión de muchos navarros á sus exenciones, que es donde se apoya el otro baluarte de la oposición». Concluyó que la manifestación de las Cortes se produce por el veto de uno de los brazos, el popular. Teniendo en cuenta que los eclesiásticos eran de nombramiento y obediencia jerárquica española y a los nobles o militares estaban sobornados por la monarquía española como se recoge en el Libro de las Mercedes Reales. Denunció asimismo -consciente del peso del patriotismo político navarro- que la decisión de las Cortes de Navarra era obra de los que llama intrigantes de Pamplona, señalando que los comisionados por las Cortes para personarse en Madrid y entregar su exposición «son los Jefes de la oposición y los que se han mostrado más tenaces en contrarrestar la voluntad del Gobierno». Cuatro años después los ministros absolutistas de Madrid cambiaron de la noche a la mañana a liberales y al poder soberano del monarca por el poder de la nación española.

Propuso el mismo Andino con respecto a las Cortes de Navarra -auténtica premonición al desmantelamiento del sistema estatal navarro que se ejecutaría diez años más tarde- que no se «prolongasen sus sesiones», porque permitiría a los opositores «fortificarse en la oposición y suscitar nuevos embarazos al Gobierno». Prohibió recibir a los comisionados navarros y sugirió que se rechazara cualquier acto que pudiera dar la idea de que el rey «reconoce en los Estados de Navarra otro carácter político que él de un cuerpo meramente consultor». «De otra manera se daría por supuesto que venían a tratar y estipular de par a par, como podrían hacerlo dos poderes independientes, y que se creían con la representación de plenipotenciarios, para hacer un tratado, al modo que los que V.M. constituye para celebrar Tratados con Soberanos independientes». Las Cortes de Navarra son según Andino «el gran baluarte de los opuestos a la Traslación», en Navarra «existe un partido de oposición, que trabaja sordamente en contrarrestar la voluntad de V.M. sobre dicha Traslación, y suscitar obstáculos y contradicciones á su Soberana voluntad. Este partido tiene su foco de acción en Pamplona, obra rápidamente sobre toda la provincia y aun sobre las contiguas». Exigía el ministro Andino el confinamiento, para los comisionados de las Cortes de Navarra que habían acudido a Madrid: «Que los Diputados que han venido á esta Corte y el Sindico Sagaseta, que los ha acompañado, sean confinados á los puntos que se crean convenientes (…) separados y que se deben observar muy de cerca sus manejos y relaciones». «Sería obrar con imprudencia e imprevisión, permitir que residiesen los diputados Vidarte y Sagaseta, de quienes el Virrey ha informado ser hombres taimados, intrigrantes y tenaces, en el teatro de sus manejos y oposición en el momento mismo que el Gobierno va á hacer cumplir sus disposiciones y poner freno al espíritu de inovediencia, de arrogancia y desacato que se ha mostrado tan atrevidamente en las Cortes de Navarra». Estas medidas fueron cumplidas puntualmente hasta lograr el fin de las Cortes de Navarra, el traslado de las Aduanas del Ebro al Pirineo y el desmantelamiento del sistema jurídico-político estatal navarro en los diez años siguientes. Efectivamente hoy continúa la conquista, es el hecho que determina de forma permanente la terrible realidad de la sociedad Navarra subordinada y expoliada. Hablar de pactos en estas condiciones resulta puro cinismo. Desde las conquistas, de 1200, 1512 o 1620 hasta hoy, la sociedad navarra siempre está conquistada y a la defensiva con respecto a los conquistadores.

Tomás Urzainqui Mina